Los municipios nucleares demandan a las eléctricas por almacenar residuos

Las empresas propietarias de centrales nucleares españolas van a tener que enfrentarse dentro de unas semanas a un alud de denuncias judiciales por almacenar residuos radiactivos en sus plantas sin la correspondiente licencia municipal. La asociación de municipios afectados por nucleares (Amac), que agrupa a 69 poblaciones, decidió ayer endurecer su estrategia reivindicativa ante el incumplimiento por parte del Gobierno de incluir en los presupuestos del próximo año las cantidades necesarias para solventar las carencias en infraestructuras, cifradas en unos 6.700 millones de pesetas.

Según los directivos de la Amac, las compañías eléctricas no disponen de la autorización municipal para almacenar en las plantas los residuos de alta actividad (el combustible nuclear irradiado) y tampoco lo solicitaron para ampliar la capacidad de las piscinas donde se ubican. Este sistema, conocido como reracking, duplica el número de elementos radiactivos que caben en dichas instalaciones. Ello supone, según la asociación, convertir las plantas atómicas en cementerios nucleares sin la autorización de los ayuntamientos. Los letrados de la Amac entienden que las empresas hubieran tenido que solicitar la licencia de actividades no sólo para almacenar los residuos, ya que únicamente disponían de un permiso provisional para los primeros cinco años de funcionamiento, sino para ampliar las piscinas. Por ello, los ayuntamientos que tengan en su término una central nuclear presentarán recursos contencioso-administrativos contra las compañías eléctricas, incluso a riesgo de perder los 2.700 millones de pesetas que perciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos en compensación por el almacenamiento de residuos. Estas denuncias constituyen un giro espectacular de la política que hasta ahora mantenía la Amac, de colaboración con las autoridades administrativas en la redacción de los planes de emergencia nuclear.La asociación había alcanzado con la Dirección General de Protección Civil un acuerdo por el cual, en un periodo máximo de tres años, el Gobierno se comprometía a solucionar las carencias en infraestructuras de estos municipios, necesarias para una correcta evacuación de la población en caso de accidente nuclear.

Para los presupuestos del próximo año habían de incluirse unos 400 millones de pesetas destinados a la redacción de proyectos, cantidad que al final no ha sido consignada.

La Amac cifra en 6.700 millones la inversión necesaria para hacer frente a las carencias de las siete zonas nucleares españolas, sobre todo en materia de infraestructuras viarias y sistemas de aviso y alerta a la población en caso de emisión radiactiva a la atmósfera.

La asociación se reafirmó ayer en la necesidad de negociar con el Ministerio de Industria y Energía la aplicación de planes de reactivación económica en las áreas nucleares, previendo así su posible declive industrial por la futura clausura de las plantas, como ha ocurrido en el caso de Vandellòs I.

En este sentido, el alcalde de Trillo, José Luís García, advirtió ayer al ministro de Industria, Josep Piqué, que su ayuntamiento no va a autorizar el almacenamiento en seco del combustible irradiado en la central hasta que se aprueben estos planes de inversión.