CiU se opone a regular legalmente el problema

Contra la opinión del consejero de Enseñanza de la Generalitat, Xavier Hernández -"no seremos una repartidora", dijo-, la oposición socialista, los sindicatos y el colectivo educativo han insistido repetidamente en que se articule una respuesta al problema para que se reparta a los alumnos. Incluso se han presentado proposiciones en el Parlamento regional, pero han sido siempre rechazadas por CiU.

El curso pasado se escolarizaron en Cataluña 18.371 alumnos hijos de extranjeros.Pero en los centros concertados la presencia de este tipo de alumnado es excepcional. En el caso de los hijos de familias de origen marroquí, no llega ni al 5% de los matriculados en la escuela pública en el tramo obligatorio. En Girona, los padres del 75% de los alumnos extranjeros provienen de África: aproximadamente la mitad, de Marruecos, y la otra mitad, de Senegal y Gambia.

En el Parlamento catalán, el PSC ha intentado forzar un voto a favor de un reparto equitativo. "Se trataría de fijar un máximo de alumnos con necesidades especiales por aula. En el caso de los hijos de inmigrantes podría hacerse en función de la proporción de población extranjera en la localidad. En ciudades como Barcelona, por barrios o distritos. Todo ello, por supuesto, con delicadeza y prudencia", explica el diputado Magì Cadevall.

Para Marina Geli Fàbrega, diputada socialista por Girona, el problema es económico.

Problema económico

"No estamos hablando de un problema educativo, sino del problema social de la inmigración, y especialmente de un problema económico", asegura Geli. "Los gitanos españoles no son inmigrantes y, sin embargo, son los más marginados. Pero no pasa nada con los inmigrantes de la UE ni con los que tienen dinero. Algunas escuelas incluso consideran positiva esta diversidad", añade.El concepto de alumnos con necesidades educativas especiales, según Geli, "es un concepto temporal, no es una etiqueta, ya que se prevé que estos alumnos se incorporen a la normalidad con una buena educación. En el caso de los inmigrantes de poca edad es sencillísimo. Al poco tiempo ya se han integrado".

Quienes plantean más problemas son los alumnos de incorporación tardía, cuya presencia en el sistema escolar aumenta cada vez más desde que en 1994 se empezó a aplicar la normativa de reagrupaciones familiares. "Llegan a mitad de curso, son hijos de temporeros, son más mayores y no hablan el idioma. Las únicas plazas libres que hay para ellos están en las escuelas que ha ido abandonando la población autóctona. Es el pez que se muerde la cola", dice Geli.