Cataluña debate el reparto de inmigrantes entre la escuela pública y la concertada

Los alumnos con necesidades educativas especiales son "aquellos que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas". Así los define la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), de 1995. En la práctica, la expresión "necesidades educativas especiales" es un eufemismo que se refiere básicamente a los hijos de inmigrantes extranjeros y a españoles de etnia gitana o de núcleos de marginación social.Todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a esos alumnos. El pasado marzo, la Generalitat de Cataluña aprobó las normas de preinscripción y matriculación, e incluyó en ellas que "los centros tendrán que reservar dos plazas del número de vacantes por cada unidad o grupo para alumnos con necesidades especiales".

Pero de los 107 alumnos con necesidades especiales del área de Girona, 105 se habían matriculado en centros públicos y sólo dos en concertados. Las asociaciones de padres de Girona presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que pedían que se cumpliera la legislación, ya que la situación perjudicaba a los centros públicos, al dificultar que pudieran ofrecer una enseñanza de igual calidad, y también reclamaban a la Generalitat que interviniera para impulsar una distribución más equilibrada. En agosto, el tribunal desestimó la demanda con los argumentos de que, "por encima de todo, está el derecho de opción de los padres para escoger la educación que quieren para sus hijos" y de que "no se ha vulnerado el derecho a la educación de los 107 niños con necesidades educativas especiales, ya que a los dos que pidieron matricularse en una escuela concertada se les aprobó la solicitud".

Derecho no satisfecho

La sentencia admitía las quejas de los padres al reconocer que "no podría considerarse plenamente satisfecho el derecho a la educación sin el necesario respeto al principio de igualdad" y confirmar que los centros privados sostenidos con fondos públicos deben asumir su parte correspondiente de alumnos con necesidades especiales.La sentencia fue interpretada de muchas maneras. La Generalitat insistió en que cumplía rigurosamente la ley, mientras que las asociaciones de padres y la oposición acusaron al Departamento de Enseñanza de hacer una interpretación interesada.

La inmigración es todavía un fenómeno minoritario en España. Los residentes extranjeros son oficialmente un 1,4% de la población; una cifra aún muy lejana de la que tienen Francia, el Reino Unido o Alemania. Sin embargo, algunos de estos colectivos tienden a concentrarse en determinados núcleos de población, lo que multiplica su presencia social e incide especialmente en el mundo escolar, sobre todo en determinadas poblaciones de pequeño tamaño, preferentemente dedicadas a las explotaciones agrícolas intensivas. La población inmigrante alcanza allí proporciones muy altas, acostumbra a ser homogénea de origen y tiende a concentrarse en la escuela pública más cercana.

Los efectos son devastadores. La población autóctona abandona estas escuelas o institutos. Si existe otro centro público en la población, los padres empadronan a sus hijos de modo que puedan cambiar de escuela, y si no, optan por matricularlos en las privadas concertadas. En muy poco tiempo se crean auténticos guetos escolares, con concentraciones de alumnos hijos de inmigrantes que llegan a superar el 70%. En esta situación se encuentran escuelas e institutos de poblaciones de Cataluña, especialmente en Girona. En medio de la polémica, con motivo del comienzo de curso, el consejero de Enseñanza catalán, Xavier Hernández, reconoció que había centros que aplicaban "políticas sibilinas" a la hora de matricular a determinados alumnos, aunque no había recibido ninguna demanda concreta. "No es normal que todos los inmigrantes estén en la escuela pública y brillen por su ausencia en la privada concertada. Habrá que repensar el tipo de actuación. Cuando se producen distorsiones hay que comprobar a qué se deben", dijo.

La semana pasada, el Consejo de la Escuela Cristiana de Cataluña, que representa a 500 centros concertados, se dio finalmente por enterado e hizo pública una nota en la que "abría sus puertas" a estos alumnos, pero se quejaba de ser víctima de la demagogia.