Cerco a Videla

LA DECISIÓN del juez Roberto Marquevich de procesar y mantener en prisión preventiva al ex dictador Jorge Videla por el secuestro de cinco menores nacidos en cautiverio durante la infame dictadura que encabezó puede constituir una prueba de fuego sobre la madurez de las instituciones argentinas. La brecha abierta por el juez -para unos un inconformista, para otros, como las Madres de la Plaza de Mayo, un instrumento utilizado por el presidente Menem en una campaña de imagen internacional- tiene dos trayectorias. La más corta e inmediata es su pulso con el tribunal de apelación que debe confirmar o no la prisión de Videla, huérfano a sus 73 años de la arrogancia de la que hizo gala en el pasado. La de mayor alcance, su repercusión entre los militares argentinos, una gran familia que no ha ocultado su profundo malestar desde la espectacular detención de Videla, el 9 de junio.Los tiempos no son los que eran, y los procedimientos han variado en consonancia, pero Marquevich ha recibido anónimos del talante de "cuadros del glorioso Ejército han decidido hacer justicia por mano propia y lo condenan a muerte a partir de este momento". La ansiedad de los uniformados deriva no sólo de la negativa del juez a permitir que Videla permanezca recluido en la burbuja protectora de una unidad castrense, sino de la posibilidad, mucho más sustantiva, de que en la estela del que fuera todopoderoso jefe del Ejército y artífice del golpe de marzo de 1976, oficiales en activo sean llamados a declarar en causas relativas a otros niños nacidos en cautividad y secuestrados por los militares argentinos entre 1976 y 1983. Unos niños que ahora son adultos y deben enfrentarse al fogonazo de conocer su origen o enterarse de que aquellos a quienes llaman padres fueron en realidad los verdugos de sus progenitores verdaderos.

Procesando al ex general Videla, el juez federal Marquevich pone el dedo en las llagas de un país azotado por una de las dictaduras más sangrientas del continente americano. Juzgado y condenado en 1985 a cadena perpetua por asesinatos, torturas, secuestros y robos, Jorge Rafael Videla fue amnistiado como otros jefes de las juntas militares por el presidente Carlos Menem en 1990. El 70% de los argentinos rechazó entonces aquella medida, que se producía tras las leyes de "obediencia debida" y "punto final" promulgadas en 1987 por su antecesor, Raúl Alfonsín. Videla permaneció cinco años, los más violentos y represivos, al frente de un poder sanguinario que hizo desaparecer a más de 30.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo han denunciado la desaparición de más de 230 niños nacidos en los centros clandestinos de detención. Sólo el 25% de esas acusaciones ha sido aclarado hasta ahora. En Argentina surgen a diario nuevos testimonios y documentos que demuestran la amplitud y el carácter sistemático de los crímenes de la dictadura. Incluido el robo de niños, un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. El proceso a Videla amenaza también a otros oficiales que se creían a salvo.