La Junta acusa a restaurantes y ayuntamientos de no luchar contra el consumo de inmaduros

Están prohibidos pero no es nada difícil consumir inmaduros en los restaurantes del litoral malagueño. Muchos los incluyen en su oferta bajo el nombre de chanquetes o con el diminutivo ito para dar idea de su pequeña talla. Pero aun si el consumidor pasa por alto este plato, aparecen en la fritura malagueña. Tras varios años de lucha contra esta actividad ilegal, la Junta hizo ayer un balance positivo, pero reconoció que su empeño no ha obtenido los resultados esperados debido a la falta de colaboración de los municipios costeros y de los restaurantes.

Este año la Administración autonómica se propone aumentar la presión sobre estos establecimientos con una media de 15 inspecciones diarias. Durante el verano pasado, la delegación de Consumo incoó un total de 49 expedientes sancionadores contra bares y restaurantes que servían inmaduros a sus clientes. En 46 ocasiones impuso multas por un total de 25 millones de pesetas. Los tres casos restantes están pendientes de resolución ya que por su cuantía han sido elevados a la Consejería de Trabajo. Según los datos aportados ayer por la Junta de Andalucía, de los 400 establecimientos visitados fue sancionado el 12%. El delegado de Agricultura y Pesca en Málaga, José María Rodríguez, justificó la decisión de la administración autonómica de ejercer una mayor presión inspectora sobre bares y restaurantes: "Son los que obtienen mayor beneficio con esta actividad ilegal. Por tanto deben ser los que estén más vigilados". Oídos sordos Todos los años, antes de que comience la temporada de verano, la Delegación de Agricultura y Pesca remite cartas a los ayuntamientos del litoral para recordarles sus competencias y reclamarles su apoyo. Pero salvo el de Málaga y el de Vélez, los demás hacen oídos sordos. "Seguimos esperando que se incorporen a esta batalla", se quejó José María Rodríguez. La colaboración de los establecimientos de restauración también deja mucho que desear: "En el litoral [la colaboración] es poca y algo mayor en los demás núcleos urbanos", argumenta Rodríguez. No obstante, las estadísticas alientan a la Junta de Andalucía a seguir trabajando en su lucha para erradicar esta actividad ilegal que merma los recursos marinos. En 1996, de enero a junio se incautaron un total de 100 kilos de pescado inmaduro. Este año, en el mismo período, la cifra ascendió a 1.638 kilos. La campaña de 1997 permitió decomisar 12 toneladas de alevines, de las cuales ocho fueron interceptadas gracias a denuncias ciudadanas hechas a través del Teléfono del Inmaduro. Ante estos datos, la delegación malagueña ha decidido repetir la experiencia. La línea 900-232-232 funcionará a partir del próximo lunes y hasta el 30 de septiembre, de 8.00 a 20.00. El resto del día las llamadas serán recogidas por un contestador automático. Nuevo decreto La campaña malagueña -que articula mecanismos de vigilancia en el que participan las consejerías de Agricultura y Pesca, Salud, Industria y Transporte y ha sido pionera en Andalucía- se ampliará al resto de la comunidad mediante un decreto que saldrá a la luz a finales de julio. La Junta espera que esta medida contribuya a mejorar los resultados. Y es que el 80% de los inmaduros que se venden en Málaga vienen de fuera de la provincia, especialmente de Cádiz y Almería, pero también de Italia, Argelia y Marruecos. Rodríguez recordó que los alevines no se someten a ningún control sanitario debido a que se distribuyen a través de circuitos ilegales de comercialización y que en un 40% de los casos para facilitar su conservación son tratados con orina o formol, sustancia de efectos cancerígenos. El delegado de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, hizo un llamamiento a "la responsabilidad" de ayuntamientos, hosteleros y consumidores. "Ésta es una actividad que no se cambia sólo con medidas coercitivas. Apelamos a la sociedad para parar esto. Nadie puede ser ajeno a esta batalla", insistió.