Aceituneros altivos

El autor analiza las consecuencias que tendrá para el sector olivarero andaluz la OCM del aceite

Después de 25 meses de negociaciones, se ha cerrado una reforma de la Organización Común de Mercado del Aceite de Oliva (OCM) y podemos afirmar que, por primera vez, los intereses del primer país productor -España- han quedado fuera y esto va a tener graves consecuencias sociales de empleo, económicas y medioambientales. Jamás un Gobierno tuvo un mayor apoyo desde todos los ámbitos de la sociedad -sindicatos, asociaciones agrarias, partidos políticos, colectivos sociales, instituciones- y jamás un gobierno dilapidó este apoyo de manera tan irresponsable. Desde el principio, mayo del 96, la posición del Gobierno del Partido Popular sobre este tema fue equivocada tanto en los contenidos como en las formas. La ministra de Agricultura ha mantenido una postura errática sobre los que eran puntos esenciales de los intereses españoles: cifras reales del sector, cupos por países, cantidad máxima garantizada, precio de intervención público, prohibición de mezclas. Mientras el resto de países productores de la UE, principalmente Italia, hacían su trabajo defendiendo con nitidez sus intereses y buscando aliados en los ámbitos europeos, doña Loyola de Palacio, recordando tiempos en que no se ponía el sol en los dominios españoles, encabezaba las manifestaciones en España en una actitud ridícula impropia de un responsable político. El enfrentarse a todos y a todo en vez de buscar aliados -sobre todo entre los países productores- y convencerlos de lo razonable de nuestros planteamientos, creó un contexto negociador negativo reflejado en la propuesta formal de reforma aprobada por el Colegio de Comisarios el pasado 18 de marzo, que ha hecho que España haya llegado a la recta final en una situación muy desfavorable y, al final, miles de pequeños y medianos olivareros españoles van a pagar las consecuencias de la actitud de este gobierno de la derecha. La reforma que se ha aprobado para España tiene vencedores y vencidos. A nivel de la Unión Europea todos los países reciben ayudas para el cien por cien de sus producciones, y en algunos casos más; a España, por el contrario, considerando el potencial productivo real con las nuevas plantaciones, le falta entre un 25% y un 30% de ayudas. Dentro de España, con esta reforma aprobada, los vencedores son los grandes propietarios, el olivar intensivo, el olivar especulativo y las nuevas plantaciones. Los perjudicados, los de siempre con los gobiernos de derecha: los pequeños olivareros, el olivar tradicional menos productivo, en definitiva las miles de familias que viven del olivar y no tienen, en ocasiones, alternativa alguna. El rostro humano de esta reforma del Gobierno del Partido Popular, si tomamos como referencia Andalucía, que produce el 80% del aceite de oliva de España, es que 173.000 pequeños olivareros, que suponen el 86% del total, van a recibir el 32% de las ayudas mientras que sólo 3.406 personas, que suponen el 1,5% del total, van a recibir el 31,6% de las ayudas. Con esta reforma, 700.000 hectáreas de olivar tradicional -un tercio del total- que sostienen un débil tejido social y económico en las zonas más deprimidas y con mayor nivel de desempleo de España, se sitúan por debajo del umbral de la rentabilidad con serias posibilidades de desaparecer en los próximos años, en una reconversión brutal, lenta pero inexorable, que tendrá gravísimas consecuencias sociales de empleo y medioambientales. Este olivar realiza una función insustituible de fijación de la población al territorio, por lo que el fantasma de la emigración puede volver a amenazar a zonas donde el olivar no tiene alternativa y miles de familias viven en torno a él con esfuerzo y con dignidad. Pero hay dos elementos que definen por su importancia la negativa reforma que el Gobierno ha cerrado para España: el reparto de las ayudas y la eliminación de la intervención pública. Con los cupos asignados a cada país, todos los países productores, al tener ayudas para el 100% de sus producciones, eliminan las penalizaciones y garantizan el futuro de este sector menos España que, al situarse un 30% por debajo de nuestro potencial productivo real, convierte las penalizaciones en estructurales -salvo en periodos de sequía- y se pone en serio riesgo el futuro de este sector. ¿Alguien del Gobierno puede dar una sola razón de por qué aprueba una reforma donde el kilo de aceite producido en Italia, Grecia, Portugal o Francia tiene unas ayudas garantizadas de 222 pesetas, mientras que el kilo de aceite producido en España va a estar en torno a las 150 pesetas? Pero con ser esto importante, el problema del precio del aceite en un mercado monopolístico y opaco es un elemento capital para las rentas de los olivareros. La intervención pública actuaba como una red de seguridad, la única que garantizaba una renta mínima a estos agricultores. La eliminación de la misma sitúa los precios del aceite en caída libre y va a tener unos efectos muy negativos sobre los mismos incidiendo en las rentas del olivar menos productivo que, con unas producciones inferiores a 1.500 kilos de aceituna por hectárea, no va a poder aguantar el tirón de la bajada de precios y la disminución de las ayudas. Esta es la reforma que nos ha dejado doña Loyola de Palacio y de la cual el presidente del Gobierno ha estado ausente. De esta reforma el Gobierno hizo un problema electoral, le quemaba el aceite en las manos y querían quitárselo de encima a toda costa para alejarlo de los procesos electorales venideros. Las consecuencias de esto lo van a pagar miles de familias, miles de pequeños y medianos agricultores, que no tienen otro medio de vida y que su futuro está ahora más amenazado. Pero se han equivocado, ahora es cuando realmente ha empezado el problema. Las organizaciones sindicales UGT y CCOO, las asociaciones agrarias progresistas UPA y COAG, las cooperativas, se han manifestado contrarias al acuerdo y seriamente preocupadas por sus consecuencias. Desde el PSOE vamos a impedir que con la aplicación de esta reforma se nos caiga un olivo, nos falte un olivarero de los que realmente viven y dependen del olivar. En una situación como la que tenemos, los socialistas vamos a plantear el debate de la modulación de ayudas para garantizar que el olivar menos productivo, los pequeños y medianos olivareros, las miles de familias y los centenares de pueblos que dependen del olivar sigan viviendo en torno a él con dignidad y no tengan que pagar las consecuencias de la insolvencia política y social de este Gobierno de la derecha.

Josep Borrell Fontelles es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y candidato socialista a la Presidencia del Gobierno.