Peligran las ayudas de la UE

Las ayudas de la Unión Europea (UE) a las ONG que operan en el campo de la ayuda humanitaria, contra la pobreza y por la democratización del Tercer Mundo se encuentran en grave peligro. Se trata en total de 24.000 millones de pesetas. Entre los programas que pueden perder el apoyo comunitario destaca el dirigido a la lucha contra la exclusión social, que financia centros de acogida, asistencia sanitaria o asesoría jurídica a los excluidos del mercado de trabajo. La causa es la ausencia de base jurídica constatada por una sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Otras subvenciones a ONG se han salvado de la quema.El hachazo proviene del Derecho. El Tribunal de Luxemburgo consideró en una sentencia del pasado 12 de mayo que sólo las acciones no significativas (de coste escaso) pueden ser financiadas sin base legal. Pero rechazó los criterios aplicados hasta ahora para definir lo que es una acción no significativa, a saber, un coste menor de cinco millones de ecus y un período de ejecucion inferior a dos años. El Tribunal insistió en que sólo los proyectos piloto y las acciones preparatorias de evalución de proyectos pueden ser incluidos en esta categoría.

Bruselas ha revisado, pues, todos los gastos que no tenían base legal suficiente: ha suspendido actuaciones por valor de 850 millones de ecus (142.800 millones de pesetas). De ellas, la Comisión afirma haber encontrado apoyatura jurídica para la mayor parte, por valor de 511 millones (85.848 millones de pesetas), pero quedan sin base legal otros 340 millones (57.120 millones de pesetas) destinados a las ONG de derechos humanos y de apoyo a la democratización de países del Tercer Mundo. Entre ellos, el programa de apoyo al proceso electoral de Camboya.

Las excepciones autorizadas por los magistrados permitirán salvar, de esta última cantidad, 196 millones de ecus (32.928 millones de pesetas). Quedan entonces en el alero 144 millones (24.192 millones de pesetas), enteramente destinados a proyectos de ayuda humanitaria y de fomento de la democratización. El comisario de Presupuestos, Erkii Likkanen, opinó ayer que será difícil mantenerlo, pese a que funciona desde 1975.

Problema político

Tras este golpe al presupuesto de la solidaridad subyace el problema -político o técnico, según criterios- de la delimitación de competencias presupuestarias entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Una falta de acuerdo que recaerá sobre las ayudas a los sectores más débiles de la sociedad, si se confirma la suspensión provisional actual, el próximo 17 de junio.El Consejo de ministros rechazó en 1995 una propuesta de prorrogar el programa comunitario Pobreza para el periodo 1994-1999, pero el Parlamento Europeo mantuvo una partida presupuestaria para la exclusión social, de la que se valió la Comisión para mantener las citadas ayudas. El Gobierno del Reino Unido, apoyado por Alemania, Dinamarca y el Consejo, presentó un recurso según el cual la Comisión no tenía competencia.

Si bien la sentencia no afecta a las dotaciones actuales ya que se dictó cuando los proyectos habían sido, en su mayor parte, ejecutados, la decisión cierra la puerta al mantenimiento de estas ayudas en el futuro. Sólo un cambio de actitud entre los Estados miembros que se reflejase en la aprobación por parte del Consejo de bases jurídicas claras permitiría recuperar la acción de solidaridad mantenida hasta ahora.

Otra posible solución vendría de la mano de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, las dos instancias con poder presupuestario. Ambas instituciones iniciaron junto a la Comisión el 23 de junio un diálogo tripartito para establecer criterios sobre los gastos no significativos. La Plataforma Europea de ONG afirmó ayer en un comunicado el rechazo a una política europea que perjudica a los grupos más vulnerables de la sociedad.