La acusación dice que Fungairiño oculta las pruebas que perjudican a Pinochet

Las acusaciones popular y particular en el caso de los desaparecidos en Chile aseguran que la fiscalía dirigida por Eduardo Fungairiño ha retenido importantes piezas de convicción con el fin de condicionar el fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las pruebas no entregadas son las aportadas por el FBI, la CIA y otras agencias de EE UU.«Eso no es verdad», aseguró anoche Fungairiño en una conversación telefónica con EL PAÍS. «La fiscalía ha remitido a la Sala de lo Penal toda la documentación en su poder. La de Estados Unidos llegó al juzgado (de Manuel García-Castellón). Se creó una pieza aparte por su carácter reservado y por la razón de que no ha terminado de llegar toda».

Joan Garcés, abogado de la acusación popular, y que también representa a los familiares de los españoles desaparecidos, se indigna: «¿Reservado? ¡Pero para quién! ¿Para la Sala de lo Penal? Es necesario recordar que si se creó una pieza separada el 20 de marzo fue a petición del fiscal Ignacio Peláez, subordinado de Fungairiño. Las pruebas remitidas por EE UU son independientes y tienen varias copias; no se requiere tener todas para hacer una evaluación. Lo más curioso es que las enviadas por Chile, que benefician a (Augusto) Pinochet, llegaron al fiscal y ya están en la sala».

«Por un asunto mucho menos grave que éste, la fiscal María Dolores Márquez de Prado fue sancionada y trasladada», aseguran fuentes jurídicas. «Aquí no estamos en los inicios de un sumario; estamos en una fase procesal clave. En el momento en el que la Sala debe decidir sobre la competencia española en terrorismo internacional y genocidio, toda irregularidad es gravísima».

La ley es clara

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prescribe en su artículo 622 que, una vez terminado el sumario (lo que García-Castellón decidió el 23 de marzo), el magistrado debe remitir los autos y las piezas de convicción al tribunal competente. Con fecha del 28 de mayo, la acusación elevó un escrito a la Sala de lo Penal en el que le informa de que las piezas retenidas contienen información capital para el caso. El texto es contundente: «Se mantiene la documentación ya remitida por la justicia de EE UU fuera del conocimiento y evaluación de esta Sala mientras se le pide la conclusión y archivo».La Sala de lo Penal se ha hecho eco de esta queja. El pasado día 2 remitió un escrito al Juzgado número 6 (el de García-Castellón) en el que exige una «certificación sobre las piezas de convicción supuestamente retenidas».

Esta documentación está relacionada con el caso Letelier , el ex ministro de Exteriores de Allende que murió en Washington en un atentado. En ella se incluyen todas las diligencias practicadas y las declaraciones de los testigos. Son datos básicos para establecer la implicación de la DINA (la policía política del régimen del general Augusto Pinochet) en actos de terrorismo internacional. Hay información cuantiosa sobre las investigaciones llevadas en varios países, entre ellos España.

Entre las piezas de convicción remitidas a la Sala Segunda sí figura, en cambio, una carta de Fungairiño al embajador de Chile en Madrid, fechada el 25 de marzo de 1998, en la que reclama una serie de documentos que refuerzan su tesis de la no competencia española. Esta carta fue enviada tras el cierre del sumario y en paralelo a la instrucción del juez. «Eso es normal; hasta que no comience el juicio oral, se pueden practicar diligencias», asegura Fungairiño a este periódico. Garcés dice no comprender: «A nosotros se nos negó la petición de una comisión rogatoria con el argumento de que el sumario estaba concluido. La estrategia es clara: enviar a la sala lo que creen que beneficia a Pinochet y esconder lo que le puede relacionar con los crímenes investigados».