El Gobierno retirará la ley de devolución de los bienes de la guerra si el PSOE no rebaja sus demandas

El Gobierno no dudará en retirar del Parlamento la ley de compensación a los partidos políticos por los bienes incautados en la guerra civil si persisten las discrepancias que hoy se mantienen y que, a juicio del Ejecutivo, supondría "desvirtuar" el espíritu que movió la elaboración de esta norma, que en diez días pasará a ser dictaminada en la Comisión Constitucional del Congreso. El PP defenderá hasta el fin que sólo sean restituidos aquellos bienes inmuebles, y no otros, que se pueda acreditar que en su día pertenecieron a los partidos que perdieron la guerra. Pero el PSOE reclama también bienes muebles, cuentas corrientes, depósitos y valores. Convergència i Unió, socio del Gobierno, reivindica "derechos personales".

Nadie habla a las claras de dinero, a excepción del PNV, que cifra en unos 3.000 millones de pesetas lo que le corresponde por los bienes que le fueron incautados en la guerra civil. Unió Democràtica de Catalunya -Convergència no existía en esos años- pide "derechos personales" por el hecho de que casi no tenía bienes inmuebles en la época, ya que casi todos de los que disfrutaba eran arrendados. El PSOE es el que más objeciones está poniendo al Gobierno, dado que no sólo reclama los bienes inmuebles, sino también los muebles, elementos productivos, cuentas corrientes y depósitos. Además echa mano de su historia y su circunstancia de esos años, en los que no sólo las casas del pueblo eran sus lugares de actuación, sino que también disponía de numerosas cooperativas y mutualidades cuya titularidad no figura en los registros.El PP acusa a los socialistas "de prácticas dilatorias" y "obstruccionistas". El PSOE intuye que no se quiere restituir "la verdad histórica", sino apuntalarse apoyos parlamentarios, en referencia al PNV y a CiU.

Todas estas cuestiones se han puesto de manifiesto en la última reunión de la ponencia parlamentaria que trabaja en esta ley. Sus miembros salieron disgustados por el clima de desacuerdo, hasta el punto de que el portavoz del PP, Jaime Ignacio del Burgo, no dudó en cerrar la sesión, celebrada a puerta cerrada, advirtiendo que si la oposición "pretende desfigurar el proyecto de ley, el Gobierno no dudará en retirarlo". El ponente del PP reconoció a este periódico que, efectivamente, así actuará. "No podemos abrir un portillo que no se sabe a dónde conduce cuando hablamos del dinero del contribuyente".

Las demandas de CiU

Es cierto que la actitud del Gobierno es algo más permisiva con las pretensiones de los grupos nacionalistas que con el PSOE. El Ministerio de Economía y Hacienda estudia la elaboración de una propuesta que satisfaga las demandas de CiU a través de una enmienda transaccional a la de los nacionalistas, que pretenden la restitución de lo que llaman "derechos personales". A lo más que el Gobierno está dispuesto a llegar es a proponer a CiU "alguna indemnización por los arrendamientos que se extinguieron por la disolución de los partidos políticos". El Ejecutivo rechaza la devolución del patrimonio a las logias masónicas, defendida Pilar Rahola, del Grupo Mixto, y el PSOE.Ninguna suerte van a correr las demandas de los socialistas. El PSOE discrepa del Gobierno hasta en los plazos. El Ejecutivo considera que una vez aprobada la ley se abre un periodo de un año para que los demandantes presenten los documentos acreditativos del bien que les fue arrebatado. Los socialistas aseguran que para hacer expedientes rigurosos necesitarán dos años, y así lo defendió en ponencia Francisco Fernández Marugán, que se resiste a hablar de cuánto dinero podría pedir el PSOE. Marugán asegura que su partido está trabajando por toda España para reconstruir su historia patrimonial y que no es fácil. Sus enmiendas van a ser rechazadas por el PP, según advierte el popular Ignacio del Burgo, que se atiene a la letra del proyecto del Gobierno. "Se ha optado por no reconocer los derechos personales y aquellos otros de contenido patrimonial de más difícil evaluación, como es el caso de los frutos y rentas", señala la exposición de motivos.

Las suspicacias entre el PP y el PSOE son notables. Ambos se reprochan motivos ocultos nada bien intencionados. Como quiera que el PSOE reclama cuentas corrientes y el reconocimiento de que numerosas cooperativas y mutualidades eran del partido que fundó Pablo Iglesias, el PP interpreta que lo hace porque ésta sería la única manera de recibir dinero, ya que poco o nada obtendrá de los inmuebles, que figuraban casi todos a nombre de UGT.

Marugán rechaza este argumento y apela a que cuando ocurrieron los hechos, el PSOE tenía ya "55 años de vida como fuerza social y había hecho un patrimonio considerable".

El PNV, socio parlamentario del Gobierno, no entra en controversia, convencido de que sus derechos se reconocerán porque tiene el compromiso del presidente del Gobierno, José María Aznar.