El decreto del 36

Un decreto de 13 de septiembre de 1936 declaró ilegales los partidos y agrupaciones políticas o sociales que integraban el Frente Popular, así como cualesquiera otros que se hubiesen opuesto al alzamiento militar que dio lugar al inicio de la guerra civil. Por ese decreto, los rebeldes se incautaron de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieran a los partidos, pasando todo ello a la propiedad del Estado.

Así empieza la exposición de motivos del proyecto de ley "de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939. El texto gubernamental señala que, superada la guerra civil y promulgada la Constitución de 1978, se han venido sucediendo decisiones encaminadas "a la restauración de situaciones jurídicas ilegítimamente afectadas por decisiones adoptadas al amparo de una normativa injusta".

La restitución de bienes y derechos sólo se hará efectiva a los partidos constituidos legalmente con anterioridad al 6 de diciembre de 1978, y siempre que su personalidad no se haya extinguido con anterioridad al 1 de diciembre de 1995.