Videla se niega a declarar ante la justicia civil

Seis horas estuvo ayer el ex general Jorge Videla, de 73 años, en la sede del tribunal para decirle al juez sólo una frase: «Yo debía haber sido juzgado, en su momento, por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas». Eso fue todo. Después, el acusado de ser el «autor mediato» (responsable último) de los delitos de «sustracción de cinco menores, supresión de sus estados civiles y falsificación de su documentos de identidad» se negó a declarar. Videla, detenido el martes, debía ingresar anoche en la cárcel del barrio de Caseros, donde permanecerá detenido hasta que el juez pueda confrontar otros testimonios y decida, en un plazo estimado en 10 días, si ordena su prisión preventiva o le concede la libertad.

El ex general que encabezó la dictadura instalada en el poder en marzo de 1976, fue trasladado desde la celda de la comisaría del barrio residencial de San Isidro, al norte de Buenos Aires, hasta la sede del juzgado, situado a sólo dos calles, en un furgón de los que la policía utiliza para detenidos comunes. Unos 50 manifestantes, que le gritaron «asesino hijo de puta», desbordaron el cordón policial y golpearon y patearon la camioneta.La estrategia de los abogados defensores se basa en considerar que Videla «ya fue juzgado y absuelto» de los delitos que se le imputan. Según ellos, el tribunal que condenó a los comandantes de la dictadura militar «los absolvió de las acusaciones por sustracción de menores y señaló en la sentencia que no podían volver a ser juzgados por esos delitos».

León Arslanian, el juez que presidía aquel tribunal, considera en cambio que «Videla fue absuelto de algunos casos específicos, pero si se comprueba que la sustracción de menores nacidos en cautiverio respondía a una práctica sistemática, indudablemente puede ser responsabilizado por la autoría mediata del delito en su condición de comandante en jefe de la fuerza».

Tras la negativa de Videla a responder a las preguntas sobre las órdenes impartidas a los llamados grupos de tareas, cuando era responsable del Ejército de Tierra, en los casos en que se secuestraba a mujeres embarazadas o padres con sus hijos, el juez podría citar como testigos a los generales que tenían a su cargo los hospitales militares, a médicos de las Fuerzas Armadas y a sus colaboradores civiles.

Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba ordenó también una investigación penal por los mismos delitos ocurridos en la jurisdicción del Tercer Cuerpo del Ejército de Tierra. La Cámara le reclamó a los juzgados que «profundicen la búsqueda de la verdad material» en todos los casos de violaciones de derechos humanos.

La delegación de las Madres de Plaza de Mayo en Tucumán exige el procesamiento del gobernador, el general retirado Domingo Bussi, a quien se acusa por el secuestro de Mónica Alarcón, que tenía un año de edad cuando desapareció en 1976. Bussi era por entonces el gobernador militar de la provincia. A los procesos abiertos en todos los juzgados del país se suman los iniciados en España, Francia, Italia y Alemania.

El general Martín Balza, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, desmintió la supuesta «inquietud» en los cuarteles por la detención de Videla. Balza, un demócrata convencido que ha hecho públicamente autocrítica de la guerra sucia, dijo que Videla «es un civil, no un militar».