El obispo de Ávila pone en cuestión la viabilidad económica de la Universidad Católica

La Junta de Castilla y León está dispuesta a no reconocer a la Universidad Católica de Ávila, donde ahora estudian unos setenta alumnos, si su máximo responsable, el obispo de la diócesis, Adolfo González Montes, confirma sus manifestaciones sobre la falta de viabilidad económica del proyecto. El director de Universidades de la Junta, Santiago López, dijo ayer: "No consta ningún documento en el que se manifiesten problemas de financiación, sino lo contrario, porque el obispo avala la viabilidad económica". Santiago López resaltó que "también garantiza en un documento que todo alumno que empiece estudios en la universidad los acabará. En términos coloquiales: no se quedará colgado a mitad de sus estudios".Esto contrasta con las rotundas afirmaciones de González Montes que, en manifestaciones a la Cope, puso en duda el martes la viabilidad económica tras haber consultado a entidades bancarias. "No puedo entender qué extraño privilegio podemos tener para que los avales que son necesarios para que se nos otorguen unos créditos puedan ser simplemente avales técnicos".

Aunque la universidad fue creada por un patronato en el que figuran instituciones públicas, el responsable de universidades se encargó de recordar que el dictamen del Consejo de Estado aseguró que "la única titular posible" de esta universidad es la iglesia católica. "Es evidente el patrimonio de la iglesia", dijo López, por lo que "no hay ningún problema, con la garantía de la iglesia católica, a la hora de hacer viable el proyecto".

El presidente de la Diputación de Ávila, Sebastián González, como entidad que aportó a la universidad un edificio valorado en cerca de 2.000 millones de pesetas, dijo que "el único problema es el de cualquier proyecto empresarial, las necesidades de tesorería en el arranque que luego se resuelven". "Las previsiones de alumnos no ofrecen dudas de riesgo económico, y menos para la diócesis", añadió, destacando que "por primera vez en la historia una comunidad autónoma ha consignado en sus presupuestos una partida expresa para una universidad privada".