Guerras sucias

Mientras la vista oral del caso Marey reconstruye judicialmente en el Supremo el arranque de las actuaciones criminales de los GAL (justificadas ante el tribunal por los acusados Sancristóbal y Damborenea), un informe de Amnistía Internacional sobre los miles de asesinatos perpetrados por las dictaduras chilena (desde 1973 hasta 1990) y argentina (de 1976 a 1983) recordó la semana pasada en Madrid los horrores de la guerra sucia en el Cono Sur. El dictamen de la benemérita institución afirma que España tiene jurisdicción para conocer los crímenes contra la humanidad cometidos en ambos países; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, sin embargo, niega esa competencia a los jueces instructores Garzón y García Castellón. La sangrienta represión desatada por los militares chilenos y argentinos -sostiene Fungairiño- fue solo "una venganza frente a los atentados terroristas", que no puede ser tipificada como delito de genocidio o de terrorismo; las Fuerzas Armadas sublevadas en el Cono Sur "no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional", a fin de "subsanar las insuficiencias" de los gobiernos democráticos para "mantener la paz pública".El juez Joaquín Navarro Estevan ha lamentado ese "muy desafortunado" argumento del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, ya que la toma del poder por las Fuerzas Armadas en ambos países "fue absolutamente anticonstitucional, antidemocrática e ilegítima". A Fungairiño -observa el popular magistrado y publicista- le faltó "finura y meticulosidad" al razonar "con el pie forzado de que los militares asesinos de Chile y Argentina no eran una banda armada terrorista". Sin embargo, y pese a que la lectura literal del "contradictorio, escolástico y farragoso" razonamiento del fiscal jefe de la Audiencia Nacional pudiera hacer pensar lo contrario, "el bueno de Eduardo" no habría justificado en realidad a los golpistas del Cono Sur: "Estoy convencido, porque conozco y quiero a Fungairiño [avala Navarro Estevan] , de que no quiso decir lo que parecía decir".

De creer al popular magistrado y publicista, las críticas al fiscal jefe de la Audiencia Nacional por negarse a reconocer la jurisdicción española sobre los crímenes contra la humanidad en el Cono Sur constituyen "una cacería de brujas" demagógica: "es muy fácil explotar los sentimientos, aunque sea pisando sobre cadáveres y sangre asesinada". La "politiquería estrecha" -sentencia Navarro Estevan- ha agriado indebidamente la polémica doctrinal sobre una materia jurídica en sí misma discutible, degradándola "al nivel de contienda facciosa y de intereses banderizos": los mismos que defienden "con fervor de catecúmeno" la jurisdicción española sobre los crímenes cometidos en Chile y Argentina "hacían lo posible y lo imposible" para obstruir la investigación sobre los GAL". Sin duda, los demonios de la polémica han cegado la mirada y nublado el entendimiento del popular magistrado y publicista: el juez Garzón que defiende ahora -frente a Fungairiño- la competencia de la Audiencia Nacional sobre el sumario argentino por crímenes contra la humanidad es el mismo juez Garzón que hizo posible antes -con la colaboración de Fungairiño- la celebración del juicio del caso Marey en el Supremo.

La comparación de las víctimas de los GAL entre 1983 y 1986 con los asesinados y desaparecidos en el Cono Sur entre 1973 y 1990 plantea preguntas de difícil respuesta.

El elogiable rigor desplegado por Fungairiño para perseguir a los estrategas en España de la guerra sucia en el Sur de Francia, ¿se compadece con su benevolencia hacia las sangrientas dictaduras de Chile y Argentina? La investigación en el presente del terrorismo de Estado descubierto en el pasado, ¿debe circunscribirse a los delitos cometidos en regímenes democráticos, olvidando los crímenes perpetrados bajo las dictaduras de Franco, Pinochet o Videla? Finalmente, las responsabilidades nacidas del asesinato de 28 personas por mercenarios pagados con fondos reservados durante la etapa socialista, ¿son también exigibles a los autores, cómplices y encubridores de las casi 30 víctimas que Melchor Miralles y Ricardo Arques registran en su libro Amedo (Barcelona, 1989) para el periodo 1975-1982, reivindicadas por bandas parapoliciales compuestas en buena parte por los mismos mercenarios?