La mina de Boliden hizo vertidos durante 12 años con autorizaciones provisionales

La mina de Aznalcóllar, causante del vertido tóxico en Doñana, sólo tenía permisos «en precario» de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para arrojar al río aguas de la balsa depuradas. Durante 12 años, desde el 30 de enero de 1987, Boliden Apirsa -inicialmente Andaluza de Piritas- no ha conseguido autorización definitiva para sus vertidos controlados, a causa de las deficiencias técnicas (filtraciones) de la instalación.

El proceso para regular completamente su actividad se inició en marzo de este año, un mes antes de la rotura de la balsa (ocurrida el 25 de abril).Las autorizaciones provisionales se han ido repitiendo, bien por nuevas normativas o disposiciones, por los cambios de propiedad de la industria o por las denuncias sobre filtraciones y vertidos contaminantes, como la presentada en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en 1996. Juan Saura, comisario de Aguas de la Confederación, asegura que se analizaron todas las denuncias y que en ningún caso se detectó contaminación de las aguas suficiente para solicitar una paralización de la actividad.

La consistencia

Lo que sí se establecía claramente en todas las autorizaciones provisionales era que éstas se concedían «en precario» y sin que implicaran «el reconocimiento por parte de la Administración de que las obras e instalaciones son suficientes para asegurar la calidad deseable de los vertidos». Del mismo modo se estipulaba: «La empresa será responsable de cualquier daño causado por el vertido de las aguas residuales a cultivos, fauna piscícola o cualquier aprovechamiento de aguas reconocido y en general a personas o bienes, quedando obligado a su indemnización». «Asimismo», añadía el informe, «será responsable de los daños causados al Dominio Público en la calidad de las aguas, por lo que se exigirán las indemnizaciones correspondientes (...)».La Consejería de Industria aprobó el 30 de julio de 1997 el recrecimiento de la balsa que contenía los residuos tóxicos de Boliden, tras el análisis del proyecto presentado por la consultora Geocisa. En este informe, Geocisa -que no ha dado ahora su versión del asunto- avaló la consistencia del dique. «El coeficiente de estabilidad al deslizamiento del muro de la balsa es mayor de los usualmente requeridos en este tipo de estructura», dice textualmente.

Ahora, la juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que investiga el vertido, Celia Belhadj-Ben, tiene previsto llamar días a declarar como imputado a un representante legal de Geocisa, para que explique cómo se elaboraron los informes sobre la presa, las relaciones de esta firma con Boliden y el organigrama de la propia consultora de geología e ingeniería.

Las afirmaciones del informe llevaron a la Junta no sólo a autorizar el recrecimiento de la presa, sino que se incorporó al expediente de la CHG para tramitar la autorización definitiva de vertidos. El comisario de Aguas, Juan Saura, comentó ayer que un estudio de una entidad como Geocisa, firmado por hasta tres ingenieros, es suficiente en un proceso administrativo.