Un equipo de peritos calcula el monto de las cosechas afectadas que no se podrán comercializar

Traducir en cifras el desastre. Eso es lo que han estado haciendo esta última semana un equipo de peritos en las fincas que rodean la vega del río Guadiamar. El acuerdo entre Boliden, la empresa propietaria de las minas de Aznalcóllar, y los agricultores marca el 6 de junio como fecha límite para tener una evaluación completa de la cosecha perdida por el paso de la riada tóxica.Las 300 hectáreas de frutales (un 10% de los cultivos afectados) han sido las primeras en pasar el exámen de los expertos.

El próximo lunes, empresa y agricultores tendrán una nueva reunión para hacer una primera estimación general de la cuantía de las cosechas afectadas y detallar el pago de las compensaciones al que se ha comprometido Boliden.

La primera cifra encima de la mesa -1.500 millones de pesetas- se quedará, seguramente, pequeña. «Las fincas que no pueden tomar agua de los pozos también quieren una evaluación», explica Víctor de la Cueva, técnico agrónomo de la asociación de agricultores Asaja y miembro del equipo de peritos.

El primer cómputo se hizo a partir de las propiedades sobre las que literalmente pasó la riada de barro y agua ácida. Ahora, el comité de coordinación ha extendido la decisión de inmovilizar la cosecha a aquellas propiedades que se surten del agua de pozos afectados por la contaminación. Y las solicitudes de compensación, que Boliden ha prometido atender, se han multiplicado.

Si De la Cueva defiende los intereses de los agricultores, José María Salleras, ingeniero agrónomo de Crawford THG, representa los de Boliden. Crawford THG es una empresa cuyo negocio se basa en mitigar los letales efectos de los grandes desastres ecológicos.

Apagar los pozos petrolíferos incendiados durante la Guerra del Golfo, regenerar las tierras arrasadas de Arabia Saudí o el tratamiento de la marea negra derrramada por el Exxon Valdez en las costas de Alaska figuran en su lista de pedidos satisfechos.

Cómputo de frutales

Lo que ha tenido ocupados estos días a Salleras y De la Cueva es algo menos llamativo: calcular las cosechas que a partir del próximo martes empezarán a ser eliminadas. «La evaluación conjunta es sencilla porque sólo se trata de contar», dice el técnico de Asaja, mientras se calza las botas de agua.El equipo de peritos concluyó el viernes el cómputo de los frutales afectados. Los técnicos de Asaja y Crawford repiten el ritual que han celebrado en otras 300 hectáreas con melocotones, ciruelas, albaricoques y neftarinas colgando , algunos ya maduros, de las ramas de los árboles.

Sobre un suelo teñido de negro por los lodos, preguntan primero la superficie plantada -«una hectárea», responde el técnico de la finca-, la variedad del fruto -«melocotón queencrest»-, el diámetro -«70 centímetros»- y el número de árboles -«550 árboles»-. Lo que queda es contar los frutos de un par de melocotoneros y multiplicar.

El resultado, entre 15.000 y 18.000 kilos viene a confirmar los datos suministrados por el propietario. «Como en la mayor parte de los casos», certifican ambos peritos. «Los frutales se van a llevar una parte importante de las compensaciones», afirma De la Cueva. El cálculo de las cosechas se completa multiplicando la cosecha por el precio de mercado.

Boliden empezará a pagar a partir de junio, siguiendo el calendario de los cultivos. Lo más urgente era evaluar la producción de los frutales afectados, que ya están a punto para su recolección. Una vez hechas las sumas, toneladas de fruta podrán ser destruidas y se evitará así que pequeños hurtos la lleven a mercadillos locales. A partir del próximo martes De la Cueva y Salleras contarán girasoles y cereales.

«El sistema de control de la presa estaba averiado».

Suplemento Domingo