El Vaticano, acusado de proteger a curas implicados en el genocidio de Ruanda

La oficina de prensa del Vaticano ha respondido hasta ahora con el silencio a las graves acusaciones procedentes de Kigali, según las cuales al menos 36 sacerdotes implicados en el genocidio de un millón de tutsis en Ruanda, en 1994, se encuentran en Italia, Francia y Bélgica bajo la protección de la Santa Sede. Las acusaciones, formuladas por la organización no gubernamental African Rights, con sede en Londres, no han recibido respuesta. El Vaticano no confirmó ni desmintió a este periódico haber recibido una larga carta dirigida a Juan Pablo II en la que la misma organización reclama de la Iglesia católica «que constituya una comisión independiente, integrada por personas de reconocida talla», para investigar el papel del clero católico en el genocidio ruandés de 1994.Hasta el momento, los tribunales ruandeses han condenado a muerte a dos sacerdotes, Jean François Kaiyranga y Edouard Nkurikiye, acusados de la matanza de la iglesia de Kibuye, a 75 kilómetros de Kigali, en la que perdieron la vida 2.000 personas. Una condena que ha ampliado la fisura que existe ya en el seno de la Iglesia ruandesa. Junto a ambos sacerdotes se encontraba el párroco de la diócesis, Anastase Seromba, el cual, según las declaraciones del ministro ruandés de Justicia, el hutu Faustin Ntezilyayo, al diario italiano Corriere della Sera, «ha encontrado refugio en Florencia con la ayuda benévola del Vaticano».

Ayer, Bernardo Cervellera, director de la agencia Fides, perteneciente al dicasterio vaticano que se ocupa de las misiones, rebatió unas acusaciones que, a su juicio, ocultan una maniobra del Gobierno ruandés para acallar a la Iglesia católica del país africano, «que trabaja por la reconciliación». Cervellera insistió en que se descarta completamente la participación directa de sacerdotes en el genocidio. «Lo que no se puede excluir es que alguno se haya decantado a favor de una de las tribus rivales». Entre las autoridades religiosas denunciadas por African Rights figura también el obispo de Cyangugu, Thaddeé Ntihinyurwa, por haberse negado a ayudar a los sacerdotes tutsis, pese a lo cual «se sirvió de los automóviles de la diócesis para ayudar a los (genocidas) que huyeron hacia Zaire en julio de 1994».