Zorrilla dice que el problema de la euskaldunización no se puede aplazar, pero es de solución "gradual y diferida"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, indicó ayer, durante la presentación de la Memoria judicial del alto tribunal de 1997, que el problema de la euskadunización de la justicia vasca es "de afrontamiento inaplazable, pero de solución gradual y diferido". La Memoria judicial, en su apartado octavo, dedica seis páginas al uso judicial del euskera, referencias que amplia en el apartado de la transferencia de medios personales al hablar de las plantillas consensuadas entre el Gobierno vasco y los principales sindicatos. Frente a la postura de rechazo a los traductores mantenida por el Sindicato de Abogados Euskaldunes, la Memoria defiende la utilización de los traductores. Pero recuerda que para evitar indefensión, la "traducción ha de ser íntegra y exacta", porque, de lo contrario, "atenta contra el derecho a la defensa", conculcándose así un derecho fundamental. La Memoria reconoce las "carencias relativas a un plan integral de normalización lingüística" -sobre todo en determinados ámbitos de Guipúzcoa y Vizcaya- y una "valoración adecuada al euskera en la selección y provisión de destinos". Y, en un acto de fe en el futuro, fía la solución de buena parte del problema a los trabajos de la comisión interinstitucional que trabaja "con serenidad y conciencia honrada de la dimensión del problema" en este asunto desde hace meses. Pero hasta que los trabajos den su fruto y exista un plan global de euskaldunización del personal al servicio de la justicia, la Memoria defiende "con carácter transitorio" varias medidas: determinar las zonas geográficas y los puestos de trabajo que de manera progresiva deben ser cubiertos por "funcionarios de un determinado perfil" y, de manera progresiva, hacer efectiva la ejecución de la plantilla en función de los nuevos órganos que se vayan creando. La Memoria pasa de puntillas sobre el grave problema de seguridad que tienen varios jueces vascos, objetivo de ETA o de la violencia callejera y, simplemente, certifica que la competencia de seguridad es del Departamento de Interior. Sobre la seguridad de las dependencias judiciales, otro de los objetivos de la violencia de los comandos Y de apoyo a ETA, el texto sólo menciona los criterios que defiende el alto tribunal sobre el acceso a los juzgados. Desde 1992, más de 70 sedes judiciales ha sido atacadas por el entorno violento, según datos oficiales. Expedientes disciplinarios Donde sí se extiende la Memoria es en la firme denuncia de la publicidad de los expedientes disciplinarios incoados contra jueces y magistrados vascos por el Consejo General del Poder Judicial, uno de ellos contra el propio Zorrilla, quien fue multado con 100.000 pesetas por "falta grave"-posteriormente rebajada- tras haber regañado a tres magistrados de la Audiencia de Bilbao. Sin referirse a un caso concreto, la Memoria critica con dureza el tratamiento informativo, su "engrandecimiento peyorativo, sin regatear prejuicios desfavorables". Además indica que las fuentes que transmiten la información están en el "interior del Consejo General del Poder Judicial" y se pide que este órgano adopte "medidas precisas" para evitar "la circulación de noticias". Pese a reiterar el problema de atasco que sufre la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la Memoria apunta la posibilidad de que pese a "no corregirse de inmediato" es posible alcanzar "una cifra de retraso soportable sin denegación de justicia". La media de entrada de casos ha crecido en unos 700, frente a la media de los tres años anteriores. Se dictaron más sentencias que en 1996 (3.248 frente a 2.504), aunque los casos pendientes se elevan a 15.079 recursos. Por contra, en lo social, se ha reducido en un 12% la carga de trabajo.