Euskadi quiere utilizar los 900 millones de pesetas de las multas y fianzas para mejorar la Justicia

El Gobierno vasco pretende manejar los depósitos y consignaciones judiciales (multas y fianzas) tras la aprobación por el Congreso en el debate del estado de la Nación de una propuesta de resolución que reconoce esta competencia a las comunidades. El PP fue el único que votó en contra de la propuesta, presentada por el PNV. La consejería de Justicia ha cifrado en 900 millones de pesetas anuales el montante que supone este reconocimiento para el País Vasco. La diputada del PNV Margarita Uria señaló que su partido defiende que la suma la controle el Ejecutivo y revierta en la Justicia vasca.

Esta propuesta -fórmula parlamentaria en la que se insta al Gobierno a adoptar una decisión o promulgar una ley- forma parte de la batería de proposiciones (17 en total) que el PNV ha conseguido consensuar con los diferentes partidos de la oposición. El único grupo que se opuso a la propuesta fue el popular, explicó ayer Uria. La diputada peneuvista indicó que tiene previsto preguntar la próxima semana a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, sobre el proceso de transferencia de esta nueva competencia que debe pasar a manos de las comunidades que tienen transferidos ya los medios materiales de la Administración de Justicia. Las consignaciones judiciales y los depósitos estuvieron guardados hasta 1983 en las diferentes sedes judiciales. El entonces ministro de Justicia, el socialista Enrique Múgica, aprobó que este montante de dinero fuera ingresado en un banco, previa selección abierta entre las ofertas presentadas por las entidades bancarias o de ahorro, con el fin de obtener intereses. El PNV ya intentó aprobar esta medida en la tramitación de los últimos Presupuestos Generales del Estado -los segundos aprobados por el Ejecutivo de José María Aznar-, aunque su propuesta fue desestimada. En esta ocasión, la oposición ha avalado con sus votos una propuesta en la que están también muy interesados los responsables de Justicia del Valencia y de Andalucía. Plantillas La disposición que muestre el ministerio que encabeza Mariscal de Gante será un buen termómetro para conocer el momento que atraviesan las relaciones entre los responsables de Justicia de las administraciones central y vasca, en guerra por la polémica de las plantillas de funcionarios judiciales de la comunidad. Aunque diversas voces coincidieron ayer al apuntar que este conflicto tendrá solución -el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, comentó que la "renegociación" de ese asunto "desembocará en un resultado satisfactorio"-, la respuesta de Mariscal de Gante mostrará si el rostro negociador que la ministra ha paseado en el Congreso y en su reciente visita a Euskadi en este asunto es verdadero o mera apariencia. Uria aseguró ayer en privado que el ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, le indicó en un momento del debate del estado de la Nación que su departamento está dispuesto a convocar la Comisión Mixta de Transferencias si el Ejecutivo vasco se compromete a negociar y reconducir la polémica sobre las plantillas en ese foro y no trasladar el tema al Consejo del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia ha dicho por activa y por pasiva que no tiene previsto remitir ni al CGPJ ni al Consejo Fiscal la propuesta de plantillas negociada entre el Departamento de Justicia y que cuenta con el aval de la Sala de Gobierno del máximo tribunal vasco. La memoria judicial del Tribunal Superior del pasado año reconoce que, con toda seguridad, el modelo de plantillas pactado requerirá "substanciales modificaciones de la legislación vigente", aunque apunta que el nuevo diseño "se adapta a las necesidades del servicio público en mayor medida que la situación actual", que se tilda en la memoria de "a todas luces insuficiente para una adecuada ordenación de los recursos humanos" de la justicia.