Las pesquisas de la Guardia Civil apuntan al movimiento de tierras como causa del vertido

La hipótesis de que la presa de Aznalcóllar se reventó el 25 de abril por un corrimiento de tierras tomó ayer más fuerza. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha entregado un informe al juzgado que investiga el caso en el que indica que la causa más probable de la rotura fue un corrimiento subterráneo de tierras, que pudo ser natural o inducido por las explosiones mineras. El informe se basa en la afloración a la superficie de rocas del Terciario y la elevación del lecho del río en tres metros. El estudio indica que la presa reventó súbitamente sin que mostrara signos detectables.

La investigación, remitida a un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), baraja varias hipótesis en las causas del accidente, pero la más elaborada es la del corrimiento de tierras. Según esta hipótesis, un inopinado movimiento de placas bajo la base de la presa desplazó un metro hacia el río Agrio un frente de muro de unos 20 metros. La fractura se produjo entonces en el punto de unión entre la balsa de piroclásticos y la de piritas.La elevación en una altura de tres metros del lecho del Agrio (cuyo curso ha cambiado tras la rotura) y el hallazgo en la zona de riada de rocas de varias toneladas de la época terciaria (situadas a siete metros bajo la tierra) parecen avalar la teoría del corrimiento de tierras. Ésta es la tesis defendida también por la empresa Boliden, que explota la mina.

No obstante, fuentes judiciales indicaron ayer que no hay que adjudicar «alegremente» la rotura a causas naturales y sugirieron que éstas pueden ser inducidas. Por ello, también se está investigando si las continuas explosiones para extraer mineral en la corta de Los Frailes han podido provocar o influir en el supuesto corrimiento de tierras.

El mismo equipo de explosivos de la Guardia Civil que está estudiando la incidencia de las explosiones mineras en la presa ha descartado la hipótesis de que se hubiera producido un sabotaje en la base de la balsa. El Seprona concluye que la presa reventó repentinamente, «y no poco a poco», sin ofrecer signos previos como grietas, fisuras o movimientos apreciables. De hecho, se ha interrogado al trabajador que la noche del 25 de abril vigilaba la balsa, quien cinco minutos antes estuvo en el punto de rotura. No vio nada extraño.

La Guardia Civil ha recibido también información sobre los movimientos sísmicos registrados en la zona en las fechas previas al desastre. Las fuentes consultadas indicaron que efectivamente se habían producido pequeños terremotos en la provincia de Sevilla en fechas muy cercanas al reventón, si bien precisaron que ninguno fue «de intensidad peligrosa».

En el informe se baraja como segunda teoría el que el embalse de tóxicos cediera por el empuje de su contenido, pero quedan pendientes datos sobre presión y densidad de los materiales almacenados. El Seprona, la única policía puramente medioambiental de Europa, ha remitido el informe al juzgado y a la fiscalía, acompañado de un CD-Rom de elaboración propia con planos, vídeos y fotos de las zonas afectadas por el vertido tóxico.

Fuentes judiciales subrayaron que este informe se basa en inspecciones oculares y que los estudios que se considerarán concluyentes sobre las causas exactas del siniestro serán los que elaboren los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que van a ser designados como peritos judiciales.

Greenpeace presentó ayer por la mañana ante el Consejo General del Poder Judicial un escrito donde pide que se nombre un juez de apoyo para instruir la causa, informa . A juicio del abogado de la organización ecologista José Manuel Marraco, el juzgado de Sanlúcar la Mayor es incapaz de sacar adelante, él solo, este gravísimo asunto. «Ese juzgado, como la mayoría de los españoles, no tiene recursos humanos ni materiales para llevar él solo la investigación».

Por la economía local

El presidente y consejero delegado de Boliden Limited, Anders Bülow, ha declarado en Toronto ( Canadá), que las autoridades españolas le han transmitido «su deseo de que la mina (de Aznalcóllar) vuelva a abrirse, dada su transcendencia para la economía local» (emplea a 520 trabajadores). Bülow precisó que el proceso de reapertura podría llevar «un máximo de seis meses».El máximo responsable de Boliden informó también a la junta de accionistas de la empresa sobre los seguros con que cuenta. Por un lado, la minera tiene contratado con la aseguradora Storebrand una póliza con un límite aproximado de 66 millones de dólares (casi 100.000 millones de pesetas) para daños contra la propiedad y por la suspensión de la actividad extractiva. Además, dispone de un seguro con la empresa Trygg-Hansa, por un valor aproximado de 2.000 millones de pesetas.

En la junta de accionistas, Bülow mantuvo que Boliden no cometió «ningún tipo de negligencia».