La Junta advierte a Aznar de que si fracasa en la OCM aceitera debe dar "soluciones nacionales"

El 14-M será el nuevo referente para los olivareros andaluces. La jornada de huelga general se presenta hoy como una de las últimas oportunidades para presionar al Gobierno central en la negociación de una reforma del mercado de aceite de oliva que hace peligrar la economía de unos 243 pueblos de la comunidad. Así lo creen sindicatos y organizaciones agrarias, que esperan una masiva participación ciudadana para convertir el 14-M en un "éxito" más de las protestas iniciadas hace dos años. Todo está listo. Tanto que la Junta ya advierte al Gobierno de José María Aznar de que si fracasa en la negociación con la UE deberá aportar soluciones nacionales en forma de ayudas presupuestarias.

Jaén será hoy el epicentro de la movilización, el referente de los olivareros. Los 96 municipios de la provincia, incluida la capital jiennense -la única convocada a la huelga general- marcarán el termómetro de la jornada. Junto a ellos, han sido convocados a la huelga otros 147 pueblos de Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz y Almería, así como 62 de Castilla-La Mancha y Extremadura. UGT, CC OO, COAG y UPA -convocantes de la huelga- auguran el éxito total de las movilizaciones de hoy y ayer hicieron un llamamiento a la participación. Hasta que a primeras horas de la tarde se conozcan los primeros resultados del seguimiento de la huelga, la primera piedra de toque será la manifestación que, a partir de las 12.00, recorrerá la capital jiennense. La encabezará el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y estarán presentes responsables de todos los partidos políticos y organizaciones sociales. Incluido el PP quien, sin embargo, no apoya la huelga y cuya presencia se estima por parte de los sindicatos como una provocación. La patronal Asaja y las cooperativas han optado por un paro sectorial. La Junta, que como el sector estima discriminatoria la propuesta de reforma -asigna a España el 40% de su producción real y provocaría la ruina de unas 700.000 hetáreas de olivar-, lanzó ayer una advertencia al Gobierno central, al que culpa de no haber sabido negociar con la UE. Lo hizo el consejero de Agricultura, Paulino Plata, tras la reunión que mantuvieron representantes de la Mesa del Aceite con Chaves, cuando exigió al Ejecutivo central que haga frente a ayudas nacionales si fracasa en sus intentos de frenar una Organización Común del Mercado (OCM) de aceite perjudicial para España. Y concretó su exigencia: deberá dar ayudas, que saldrían de los Presupuestosdel Estado, a los olivareros y tendrá que poner en marcha un sistema de intervención nacional para garantizar la renta de los agricultores. Sobre todo ante la intención de la UE de convertir el actual sistema en privado. Una idea sencilla Plata aclaró que su petición no implica que esté de acuerdo con la renacionalización de las ayudas. Y lo aclaró: "La idea es sencilla, ya que sólo estamos pidiendo al Gobierno que no cierre ninguna puerta porque lo que no vamos a aceptar es que los olivareros paguen solos los efectos de una mala negociación; por eso pedimos soluciones nacionales". Los sindicatos montarán piquetes informativos como refuerzo a la huelga, mientras que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos para garantizar los servicios públicos. El portavoz de la Mesa del Aceite, Antonio Luque, exigió ayer al Gobierno que asuma su responsabilidad y negocie para evitar la reforma. Luque incluso admitió, como el resto de miembros de la mesa, que la protesta de hoy va dirigida hacia el Gobierno, sobre todo tras unas negociaciones que "no han sido buenas". "Ya no es un problema de Fischler", advirtió Luque, quien aventuró: "Nos jugamos el futuro del pueblo andaluz". El secretario general de COAG, Miguel López, criticó los intentos desmovilizadores del Gobierno al decir que se conseguirá una producción de 800.000 toneladas para España. Y advirtió que la propuesta de OCM, que prevé cuotas nacionales de producción y beneficia a los especuladores al eliminar la intervención pública, implicará una "guerra civil" entre olivareros en el reparto de ayudas.