Greenpeace: "Es pura retórica"

Los partidos de la oposición y las organizaciones sindicales y ecologistas califican de pacata a la ley de Residuos, e insuficiente para cumplir sus objetivos. Según Greenpeace, el texto no es más que "pura retórica" pues favorece los sistemas más nocivos de gestión de desechos, como la incineración y sus efectos contaminantes.Con el confesado ánimo de la ministra Isabel Tocino de minimizar la intervención de la Administración y delegar en la voluntad de los agentes económicos y comunidades autónomas la gestión de los residuos, "la ley propiciará su incremento". La organización ecologista critica que no incluya ningún mecanismo de prevención ni la adopción de sistemas de producción limpios. Tampoco incluye instrumentos que favorezcan el compostaje.

Para el director de campañas de Greenpeace, Juan López de Uralde, el Ministerio de Medio Ambiente "sigue impulsando leyes completamente obsoletas y contrarias a las tendencias internacionales y a las propuestas de las organizaciones sociales".

Escasa prevención

Tampoco está conforme con la ley Comisiones Obreras (CC OO). El sindicato expresó en un comunicado su descontento al no apreciar en el texto ninguna medida para prevenir la producción de residuos en línea con las tendencias aceptadas por la UE.Las portavoces de los dos grupos parlamentarios de la oposición mostraron esa misma crítica. La socialista Cristina Narbona advirtió de la ausencia de mecanismos que garanticen la disminución de residuos en origen y denunció que en aras del mínimo intervencionismo se haya aprobado una ley que no contiene ningún avance sobre los textos de hace siete años: "Los planes de residuos aprobados en 1995 están parados; en 1997 no se aplicó ni una peseta. La política se residuos no consiste sólo en elaborar leyes, sino en hacer que se cumplan".

La diputada valenciana de IU-IC Presentación Urán insistió en la ausencia de medidas para que la ley se cumpla. Lo que se refleja en el texto aprobado ayer, es "una visión del siglo XIX y no del siglo XXI", como afirmó la ministra. Sin un marco financiero preciso, Urán cree que la ley difícilmente se aplicará, particularmente en las poblaciones con escasos recursos.

Tampoco entiende que se haya rechazado la enmienda de su grupo para que las fábricas apliquen planes de reducción de residuos en sus procesos productivos ni que pueda ser personal laboral contratado el que realice tareas de inspección. "De esa manera -dijo- habrá que recurrir luego a letrados para que levanten actas probatorias".