Los inspectores de Madrid hallaron ya en 1992 irregularidades en 10 gasolineras

Los inspectores de gasolineras descubrieron en 1992 diez estaciones que presuntamente suministraban menos combustible del que cobraban al usuario. Del contraste de pesos y medidas (afericiones) que aplicaron los técnicos en estas diez gasolineras resultó que se superaba la desviación máxima legal (0,5%). La consejería de Economía impuso sanciones de entre 50.000 y 500.000 pesetas. En todos los casos, los empresarios recurrieron la multa y alegaron diversas averías para justificar las desviaciones comprobadas en los análisis de los técnicos. Fueron las últimas sanciones.

Aquellas denuncias de los inspectores sobre un presunto fraude en la cantidad de gasolina vendida no se repitieron en los cinco años siguientes, precisamente desde que la competencia fue transferida desde el Estado (que a su vez delegaba en Campsa) a la Comunidad de Madrid (gobernada entonces por el PSOE). Hasta que, el pasado 12 de enero, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que en algunas estaciones de Madrid había diferencias de entre el 4% y el 7% entre la gasolina suministrada y la realmente cobrada. Los responsables de la consejería de Economía, que dudaron en los primeros días sobre el rigor de las mediciones hechas por la OCU, acabaron ordenando una inspección masiva en todas las estaciones cuyos resultados fueron espectaculares: se cerraron seis gasolineras, se precintaron y clausuraron postes y mangueras y se abrieron más de 40 expedientes.Las sanciones impuestas a aquellas diez gasolineras en 1992 coincidieron con la desaparición del monopolio de Campsa. La Comunidad de Madrid inició entonces (mayo de 1992) la gestiones para asumir el control sobre el correcto funcionamiento de las gasolineras y abordó una campaña de inspección que duró quince días. Esa campaña tan sólo encontró irregularidades menores, en ningún caso relacionadas con la cantidad de gasolina suministrada.

La mayoría de las sanciones impuestas ese año por cuestiones metrológicas (diferencias entre el combustible que salía del surtidor y lo que se reflejaba en los marcadores del poste) correspondieron a actas levantadas por inspectores de la Delegación del Gobierno en Campsa (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA), que todavía colaboraba con la Comunidad de Madrid en estas tareas.

En la inspección efectuada el 18 de mayo de 1992 en la gasolinera situada en el kilómetro 5,100 de la carretera Madrid-Burgos (N-1), en el término municipal de Algete, los técnicos de Campsa hicieron seis mediciones, de las que resultaron unas desviaciones de -5%, -3,5%, -3,5%, -2,5%, -1,5% y -5,5%. El entonces subdirector general de Protección al Consumidor, Miguel Conde, resolvió este expediente el 17 de enero de 1994 e impuso al establecimiento una sanción de 300.000 pesetas.

Un mes después, el inspector Segundo Sanz Blázquez -el mismo que se encuentra ahora expedientado tras haber participado supuestamente en cacerías con empresarios de gasolineras- certificó que en la estación de servicio situada en el barrio de La Fortuna, de Leganés (localidad de 174.000 habitantes, al sur de Madrid) se suspendió el funcionamiento de todos sus aparatos surtidores porque en la medición efectuada se descubrieron desviaciones entre el -0,85% y el -1,3%. "Todos estos surtidores se encontraban con precinto de operador autorizado del Centro Español de Metrología pero no con el precinto oficial de la Dirección General de Industria". La estación subsanó el 13 de julio de ese mismo año todas las deficiencias descubiertas y pudo seguir funcionando. De las 44 sanciones impuestas a gasolineras en 1992, 10 (un 22,7%) correspondían a cuestiones relacionadas con la cantidad de combustible suministrado.

La consejería de Economía abrió entre 1993 y 1997 otros 200 espedientes a gasolineras. Ninguna referente a la cantidad de combustible. A partir de 1993, tres inspectores de la consejería de Economía se encargaron de las mediciones. La inmensa mayoría de los controles sobre pesos y medidas en gasolineras fue obra de Segundo Sanz Blázquez, que ya no halló ninguna irregularidad.