Los partidos del Gobierno piden al Constitucional que inhabilite a Pinochet

En un último intento por impedir que el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte (de 82 años de edad) se convierta en parlamentario de por vida, los partidos de la coalición gubernamental chilena (Concertación) pidieron ayer, en la apertura de sesiones del Senado, la suspensión del acto de juramento como senador vitalicio de quien todavía es comandante en jefe del Ejército. El acto está previsto para el próximo día 11 de marzo.

La iniciativa, que será presentada en breve ante el Tribunal Constitucional en forma de recurso, se basa en la consideración de que Pinochet no fue presidente de la República, porque a partir del golpe militar de 1973 "Chile dejó de ser una República".La nueva figura de senador vitalicio, que estrenará Pinochet, quedó establecida en la Constitución de 1980 diseñada por el entonces dictador en los términos siguientes: "El Senado estará integrado también por los ex presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua (...) Estos senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo contempladas en los artículos 55, 56 y 57 de esta Constitución".

Formalmente, Pinochet se autonombró presidente de la República en 1980. Desde el golpe fue jefe de la Junta Militar, y entre 1976 y 1980 presidente de la Junta de Gobierno. Dejando a un lado la semántica, el principio que inspira a los patrocinadores del recurso de inconstitucionalidad es que durante la dictadura en Chile no existió ninguna República, entendida como el sistema político de separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Es decir, durante el mandato de Pinochet no hubo Parlamento elegido democráticamente.

Se da la circunstancia, de que el primer presidente por votación popular después de la dictadura, el democristiano Patricio Aylwin, no ha podido ocupar un escaño de senador vitalicio, porque su mandato fue de cuatro años, inferior a los seis años que exige la Constitución.

Escasas posibilidades

Tanto la suspensión del juramento de Pinochet en el Senado como el recurso ante el Tribunal Constitucional tienen escasas posibilidades, por no decir nulas, de llegar a buen puerto. La derecha pinochetista, mayoritaria en ambas instituciones, impedirá que prospere la iniciativa, que a todas luces aparece más como una maniobra de última hora de los partidos del Gobierno para distanciarse de Pinochet y de su acceso al Senado.Otro requerimiento, presentado en paralelo por los parlamentarios de la Concertación preocupa más al general por las consecuencias que puede conllevar. Se trata de la investigación urgente de los bienes de Pinochet para determinar si su patrimonio coincide con el que se correspondería con sus ingresos como jefe de la Junta Militar y más tarde en su calidad de comandante en jefe del Ejército.

El senador democratacristiano Jorge Lavandero ha pedido explicaciones sobre los inmuebles y propiedades que Pinochet tiene en varios puntos del país, como en La Dehesa, Bucalemu, Reñaca, Iquique y El Melocotón. Las Juventudes Socialistas acudieron a la sede del Ejército para pedir de su jefe la firma de una declaración jurada de sus bienes.

La agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentó ayer la querella criminal (la tercera en los últimos días) ante la Corte de apelaciones de Santiago. En ella se acusa a Pinochet de los delitos de secuestro, homicidio y tortura por la detención y desaparición de 1.198 personas.

El texto fue acompañado por 12 tomos en los que figuran antecedentes de la desaparición de 972 personas, pues de las restantes 226 no hay informes precisos. La querella se acumulará a las que presentaron contra Pinochet la presidenta del Partido Comunista de Chile, Gladys Marín, y la familia de un ejecutado, según informa Manuel Délano desde Santiago.