El País Vasco propone un frente autonómico común con una lista de fármacos alternativa

El Gobierno vasco va a presentar una lista alternativa al medicamentazo, para que el próximo 16 de marzo la discuta el Consejo Interterritorial de Sanidad de modo que se alcance allí un acuerdo entre las comunidades autónomas respecto a los fármacos que éstas van a financiar por su cuenta aunque hayan sido excluidos por el Gobierno. El consejero vasco de Sanidad, Iñaki Azkuna (PNV), confirmó ayer esta intención e invitó a las comunidades que tengan igual pretensión a pactar esa lista alternativa. La propuesta coincide con el planteamiento que anteayer mostró el presidente andaluz.

Tal iniciativa de Manuel Chaves -pagar con fondos autonómicos propios parte de los 869 fármacos que el Gobierno central pretende excluir de la financiación pública- dio pie ayer al consejero vasco a denunciar la confusión que se estaba creando, y a culpar de ella al PP: "Parte de culpa tiene el PP porque en 1993, cuando el PSOE hizo el decreto de racionalización de medicamentos, tiró a degüello y ahora le están pagando con la misma moneda".El departamento de Sanidad está consultando con las sociedades científicas para presentar una alternativa el próximo 16 de marzo, día en que se reúne el Consejo Interterritorial. "Esa alternativa va a estar basada en el rigor terapéutico. Y el rigor terapéutico", añadió Azkuna, "es el mismo en Vitoria que en Sevilla. En el Consejo siempre hemos llegado a un acuerdo. Sería pernicioso para el sistema público que cada comunidad diera los medicamentos que le pareciera. El vasco que va a Canarias tiene el mismo derecho a la protección de la salud que el vasco que está en Vitoria, y lo mismo el catalán que viene a Bilbao. No se puede romper un consenso de 11 años en el Consejo Interterritorial".

Mientras se producía este anuncio del Gobierno vasco, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, y el presidente andaluz se enzarzaban en una polémica a distancia. El ministro, con declaraciones en el Congreso. El dirigente socialista, desde Bruselas. Chaves pidió que Romay "recapacite" y replantee la lista en el Consejo Interterritorial, informa Con motivo de la reunión de Bruselas -Comité de las Regiones-, Chaves obtuvo el apoyo del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) y la "comprensión" de otros presidentes de comunidades del Partido Popular, cuyos nombres no reveló al haber mantenido conversaciones reservadas.

Por su parte, el ministro Romay acusó a Chaves de "deslealtad" porque "ha estado al tanto del proceso de elaboración de la lista de medicamentos y no ha manifestado opinión en contra". Romay precisó, en declaraciones a EL PAÍS, que hace menos de 15 días el subsecretario del ministerio, Enrique Castellón, se entrevistó con el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, José Luis García de Arboleya, para contarle en detalle la lista de medicamentos, sin que hiciera ninguna consideración en contra.

El titular de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, fue, incluso, más incisivo que su colega Romay y recordó que la Junta andaluza "ha aprobado el modelo de financiación sanitaria, ya que su presidente ha cogido el dinero". El ministro recordó que "en el 93 el PSOE hizo lo mismo [en referencia al llamado medicamentazo del Gobierno socialista] y la Junta de Andalucía no replicó".

Fuentes de la dirección del Grupo Popular aseguraron ayer que el presidente José María Aznar ha dado instrucciones precisas en las reuniones internas con el partido y a los responsables del grupo para que no se retroceda en este asunto, aun considerando el tanto de impopularidad que una medida de este tipo obliga a asumir.

Por parte socialista se mantiene la oposición frontal al medicamentazo y ayer mismo el grupo parlamentario presentó en el Congreso una moción que se debatirá y votará en el pleno del próximo martes. En ella se pide que "se retire la propuesta de lista de exclusión de fármacos de la financiación pública anunciada por el Gobierno", informa Camilo Valdecantos.

La moción socialista pide también que Sanidad inicie un nuevo proceso de diálogo con comunidades autónomas, expertos, agentes sociales y consumidores.