Los juristas avalan la iniciativa andaluza

Los juristas, en especial los constitucionalistas, no aprecian dificultades legales para llevar a cabo la iniciativa de Manuel Chaves, presidente de la comunidad autónoma andaluza, en relación con el medicamentazo. En general, estiman que se trata de un asunto de legalidad más que de constitucionalidad y, según algunos, sólo sería cuestionable constitucionalmente la disposición estatal que establece la medida. Todos los juristas consultados se muestran cautos ante un caso que solamente conocen a través de los medios de comunicación social.Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), manifiesta: "Si se trata de suplir con una partida de ingresos autonómicos propios las deficiencias de la atención sanitaria estatal, creo que se puede hacer. Pero la dedicación de medios económicos a esas atenciones producirá carencias en otras materias. Es una cuestión de prioridades. Legalmente, lo que no está prohibido está permitido, pero políticamente si dedica los medios a una necesidad habrá de afrontar qué le falte para otra".

Principio de igualdad

Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, observa que la iniciativa de Chaves podría afectar al principio constitucional de igualdad. "Al margen de los problemas de competencias entre el Estadd y las comunidades autónomas, veo un poco raro", dice, "que existan diferencias en el nivel básico de la cobertura sanitaria elemental, de modo que no se garantice igualitariamente una asistencia elemental a todos los miembros de una comunidad jurídica de igualdad como es el Estado".Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y dirigente de Nueva Izquierda estima, por su parte, que "España es un Estado social y la Constitución exige a los poderes públicos, incluidos los autonómicos, que busquen el bienestar social de los ciudadanos". Añade que "si se producen insuficiencias por parte del Estado, los demás poderes públicos están obligados a suplirlas y proteger a los pensionistas". López Garrido considera que "la competencia a la que pueden acogerse las 17 comunidades autónomas es la de asistencia social, que todas ellas han asumido".

Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, aseguró ayer a Efe que "no hay trabas legales para que la Junta de Andalucía subvencione algunos de los medicamentos excluidos por el Gobierno central de la financiación autonómica".