El debate sobre la Ley de Punto Final divide a la oposición argentina

La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (que perdonaron los crímenes de la dictadura argentina), promovida por diputados de la oposición, ha puesto de relieve las primeras fisuras en las filas de la Alianza opositora, entre el Frepaso y la Unión Cívica Radical (UCR). La Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley el miércoles en una sesión extraordinaria

Los máximos líderes del Frepaso, Graciela Fernández Meijide, favorita para las elecciones presidenciales de 1999, según las encuestas, y Chacho Álvarez, han anunciado su intención de votar a favor de la derogación, frente a la postura contraria del líder de la UCR, Raúl Alfonsín, bajo cuyo Gobierno se aprobaron las controvertidas leyes.El proyecto de ley, presentado a comienzos de enero por los diputados Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, del Frepaso, fue calificado de "deleznable" por el presidente Carlos Menem, quien advirtió que, en el caso de que el Congreso aprobase la derogación, "la vetaría de inmediato". Sin embargo, los peronistas no sólo se mostraron dispuestos a debatir la propuesta, sino que dieron vía libre a una sesión extraordinaria de la Cámara en la que la Alianza difícilmente podrá ocultar sus discrepancias. Para el peronismo es una buena oportunidad de dividir a la oposición ante las negras perspectivas electorales.

El propio Chacho Álvarez, que en 1987 votó a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y ahora apoyará su derogación, admitió que el debate "sólo tendrá un efecto testimonial" y muy poca viabilidad política. "No se olviden que en esto hay mucho de chicana menemista [manipulación con fines dañinos]", agregó.

Libertad de acción

Tanto los diputados de la Alianza opositora como los del Partido Justicialista tendrán libertad de acción a la hora de votar el proyecto de derogación, según adelantaron los jefes de filas de ambos bloques. La mayor preocupación de los diputados oficialistas es impedir que el debate derive hacia otras cuestiones como el indulto, asesinatos o atentados, por lo, que torpedearán la pretensión de la oposición de incluir en la sesión parlamentaria sobre derechos humanos todo lo que cabe en el amplio título de "la impunidad y sus consecuencias en Argentina", que abarca desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) y la Embajada de Israel hasta el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Nadie ha sido juzgado por estos atentados.El temor en las filas de la Alianza procede de los radicales, que no quieren asistir a un debate en el que sus compañeros de coalición extiendan a Alfonsín su crítica a las leyes. El ex mandatario radical declaró ayer: "Espero que los diputados de mi partido hagan una defensa de estas leyes, que fueron dolorosas pero necesarias".

Dante Caputo, canciller en el Gobierno de Alfonsín y diputado por el Frepaso, ha recordado el condicionante militar bajo el que se aprobó el Punto Final a la exigencia de responsabilidades por crímenes cometidos durante la dictadura: "Fueron impulsadas desde la debilidad del 87. Entonces no aparecieron como un hecho razonable, sino como una concesión.