El juez imputa a los responsables del grupo Villanueva por el fraude de las gasolineras

Los máximos responsables del grupo Villanueva, el mayor conglomerado empresarial de estaciones de servicio de España, declararán hoy ante el titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Andrés Javier Gutiérrez Gil, como imputados por un presunto delito contra los consumidores, castigado con seis meses a un año de cárcel. Los 11 acusados deberán explicar el objeto del cableado supuestamente fraudulento descubierto en cuatro gasolineras de su propiedad, que al parecer servía para suministrar al cliente menos combustible del que se le cobraba.

Los máximos responsables del Grupo Villanueva, que hoy declararán por primera vez ante el juez, son: Francisco Javier Villanueva Aranguren, Francisco Javier Villanueva Bravo ,Manuel Mateo Cardo, Manuel Mateo Cerrada, Antonio Mateo Cerrada, José Rebuelta Moreno, Baldomero Javega Plaza, Carlos Sanz Calvo, Virgilio Martínez Huete, Lázaro García París y Arturo Sanz Millán. Este último dimitió comodirector del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madridtras difundirse su implicación en el caso.Todos los imputados forman parte de los consejos de administración de las cuatro gasolineras en las que la policía o la Comunidad de Madrid han descubierto cableados supuestamente fraudulentos (Cerro de la Cabaña, Loessa, José Rebuelta y Fearvi).

Además del fiscal de consumo de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain, quien presentó la correspondiente denuncia, en los interrogatorios de hoy estará presente el abogado de la compañía petrolera Repsol, que se ha personado en el caso como perjudicada. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cuyo informe desveló el presunto fraude, formalizó ayer su solicitud para actuar como acusación.

También ha solicitado personarse en el caso la Unión de Cooperativas de Transportes (Ucotrans), según dijo ayer su secretario general adjunto, Antonio García Petit.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid continuó ayer la inspección de las casi 400 estaciones de servicio de la región, que hasta el lunes había supuesto la clausura de dos gasolineras, 25 surtidores y 81 mangueras, así como la apertura de 27 expedientes sancionadores.

Sin embargo, una de las dos gasolineras cerradas el viernes por la Administración autonómica -Serrano del Real, en la calle Constitución 170, de Navalcarnero (Madrid)- fue reabierta el lunes, tras subsanarse las deficiencias detectadas. En este caso no se trataba de ningún cableado fraudulento, sino de la falta del marchamo del fabricante en los precintos internos de los postes.

Los propietarios de las estación se servicio de Navalcarnero han anunciado su propósito de denunciar al Gobierno regional por los daños causados con su intervención.

Bien distinto es el caso de la gasolinera de Valdemorillo y las otras tres en las que el pasado día 16 se desmontaron surtidores, todas ellas del Grupo Villanueva, que han pasado bajo control del juez.

Por otra parte, la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid decidió ayer convocar un pleno extraordinario el próximo martes para tratar el escándalo de las gasolineras. La decisión fue adoptada por unanimidad de los tres grupos presentes en. la asamblea (Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida), después de que los socialistas pidiesen una. reunión de la Diputación Permanente.

"No tenemos inconveniente en que comparezca [Luis] Blázquez [consejero de Economía y Empleo] para explicar la situación", dijo el portavoz parlamentario popular, Manuel Cobo. El portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, declaró que el asunto de las gasolineras no sólo ha sido "uno de los más alarmantes de los últimos meses", sino "el mayor error de gestión del Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha estado falto de reflejos".

La consejería madrileña de Economía y Empleo suscribió ayer un convenio con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para desarrollar un programa de investigación con el fin de perfeccionar la inspección de los surtidores.

Por otra parte, el consejero de Industria de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, anunció ayer que sus inspectores utilizarán el manual elaborado tras el escándalo por la Comunidad de Madrid para revisar las gasolineras de la región.