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Los dueños de las gasolineras se rebelan contra la inspección masiva en Madrid

Los propietarios de algunas de ellas han amenazado con querellas al Gobierno regional

La asociación de propietarios de gasolineras de Madrid celebrará hoy una asamblea urgente y extraordinaría para estudiar la campaña de inspecciones masivas lanzada por la Administración regional. La revisión de las primeras 26 estaciones de servicio de las casi 400 que hay en la región provocó ayer y anteayer momentos de gran tensión. Algunos empresarios amenazaron con querellarse contra el Gobierno madrileño por considerar que éste se extralimita en sus competencias. Varias gasolineras fueron reabiertas ayer después de que el precintado de los surtidores provocase su cierre temporal.

La confusión rodeó la campaña de revisión de todas las gasolineras de la región emprendida por la Comunidad de Madrid ante la comprobación de que sus anteriores inspecciones no habían sido capaces de observar el fraude denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El director general de Industria de Madrid, Leopoldo del Pino, declaró el miércoles por la noche a las agencias Efe y Europa Press que, en su primera jornada de trabajo, los 35 inspectores autonómicos habían precintado varios surtidores y algunas gasolineras enteras, cuyo número no precisó.Ayer por la mañana, el consejero de Economía, Luis Blázquez, afirmó en cambio que, tras la inspección de 24 gasolineras, se habían clausurado sólo cuatro surtidores y seis mangueras. Por la tarde, la Oficina de Información de la Comunidad de Madrid difundió una nota en la que afirmaba que, tras la revisión de 26 gasolineras, se habían clausurado tres surtidores y cinco mangueras.

Fuentes del sector indicaron que sí se clausuraron varias gasolineras enteras, como dijo Del Pino, pero fueron reabiertas después de que los propietarios amenazaran con presentar querellas. Las mismas fuentes indicaron que se produjeron momentos de gran crispación entre los dueños de algunas estaciones de servicio y los inspectores, con discusiones muy duras. El motivo del enfrentamiento es el significado de los precintos internos de los surtidores. La patronal considera que estos precintos, que hasta ahora nunca se comprobaban, son una mera garantía del fabricante, por lo que no existe obligación legal de mantenerlos intactos. La Administración interpreta, por el contrario, que estos precintos garantizan al consumidor que el poste no ha sido manipulado. Por eso sus inspectores tienen orden de clausurar los surtidores que no tengan los precintos internos intactos, lo que hicieron en tres casos.

El consejero de Economía regional, Luis Blázquez, manifestó anoche a EL PAÍS que los datos facilitados por el director de Industria, el miércoles por la noche, y por él mismo, ayer por la mañana, eran cálculos provisionales, por lo que sólo tienen carácter oficial los contenidos en la nota de la Oficina de Información de la comunidad autónoma.

Respecto al hecho de que se reabrieran surtidores pocas horas después de su clausura, señaló que "no hay ningún inconveniente en reabrir un poste si se constata que el error que provocó su cierre se ha subsanado. Otra cosa distinta es que se reabran sin autorización y que los inspectores, que lógicamente no han tenido tiempo de volver, no tengan constancia".

Blázquez aseguró no tener noticia de que algunos dueños de gasolineras hayan amenazado con querellarse contra el Gobierno regional, y se mostró extrañado de ello, "pues fue la propia patronal del sector la que se ofreció a colaborar en una revisión de todas las estaciones de servicio, ante la alarma social creada por el presunto fraude".

La Administración regional abrió ayer 10 expedientes sancionadores contra dueños de estaciones de servicio por falta de los precintos reglamentarios, errores en las mediciones superiores al 0,5% y ausencia de probetas homologadas a disposición de los clientes. Dos de las gasolineras afectadas son en realidad postes surtidores urbanos; y las demás, abanderadas por varias marcas petroleras, sólo tienen inmovilizados surtidores o mangueras sueltas. Los expedientes no se limitan, como hasta ahora, al Grupo Villanueva.

Por otro lado, Blázquez ratificó ayer su confianza en el director general de Industria, Luis del Pino, quien el miércoles puso el cargo a su disposición ante la polémica generada por su reacción ante la denuncia de la OCU.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1998