Los trabajadores de Mina La Camocha se suman al paro

, El conflicto minero asturiano se extiende. A los casi 10.000 mineros de las empresas estatales Hunosa y Minas de Figaredo, que ayer volvieron a paralizar por octavo día la totalidad de las instalaciones de ambas compañías en los valles del Caudal y del Nalón, se sumaron ayer, en solidaridad con los anteriores, los 767 trabajadores de Mina La Camocha, de Gijón, empresa de propiedad privada pero que, al igual que las dos de titularidad pública, recibe ayudas del Estado mediante un contrato-programa.

Los incidentes se recrudecieron ayer respecto a jornadas precedentes. La tensión volvió a protagonizar una protesta, en la que se produj9 la detención de dos trabajadores, y contundentes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden público. Varios cientos de mineros se congregaron un día más frente a las oficinas centrales de Hunosa, en Oviedo, cuya sede social permaneció bajo fuerte protección policial. Los antidisturbios realizaron varias cargas para dispersar a los trabajadores. Piquetes de mineros volvieron a interrumpir con barricadas la circulación ferroviaria entre Gijón y Pola de Laviana, y se produjeron cortes de carreteras.

Los sindicatos mineros han expresado severas críticas a la actuación policial por su dureza, y el SOMA-FIA-UGT ha reprochado al presidente asturiano, Sergio Marqués, del PP, su "clamoroso silencio" ante el conflicto minero. Las direcciones regionales de UGT y CC OO han anunciado su disposición a promover, junto a otras organizaciones sindicales, más movilizaciones.

Ayer se reanudaron en Madrid, por tercer día consecutivo, las negociaciones entre sindicatos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (accionista único de Hunosa y Minas de Figaredo) y la dirección de ambas empresas. La reunión concluye sin acuerdo y proseguirá el próximo miércoles. Los sindicatos mantienen su exigencia de que el Gobierno español garantice la aplicación del plan de reordenación para el periodo 1998-2001 en los términos pactados con las organizaciones sindicales, sin introducir los recortes adicionales que plantea la Unión Europea. El Gobierno español ha expresado su voluntad de defender ante Bruselas el plan en los términos consensuados con los sindicatos, pero a éstos no les parece suficiente garantía ese compromiso de intenciones.

La determinación del tamaño de la plantilla y del volumen de producción, así como las prejubilaciones y la garantía de nuevas contrataciones, según lo acordado, son los principales aspectos sobre los que gira la negociación.