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Editorial:

El frente del aceite

AHORA LE toca el turno a la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. El denominado informe Jové, aprobado el pasado jueves por el Parlamento Europeo, ha restituido el ánimo en el sector olivarero, pese a que para conseguir su aprobación el eurodiputado español tuviera que renunciar a algunas de sus exigencias, como el mantenimiento de la ayuda al consumo. Las tesis españolas en busca de una ayuda a la producción han tenido el respaldo del Parlamento Europeo, que deja ahora al comisario de Agricultura, Franz Fischler, en una difícil situación: asumir estas tesis o insistir en su modelo de ayuda al árbol antes de presentar a primeros de año su propuesta definitiva de reforma del mercado europeo del aceite. El propio Jové, representante de IU, ha advertido de la tozudez de Fischler. El eurocomisario, tal y como demostró en el debate parlamentario, mantiene sus opciones de ayuda al árbol como método de controlar los fondos y evitar un fraude que supone muy extendido. Incluso se ha llegado a sugerir la introducción de un tercer sistema, el de ayuda a la superficie, que haría depender las subvenciones del número de hectáreas plantadas, complementado con una pequeña ayuda a la producción. Ante esta hipótesis, el sector tiembla. A nadie escapa que el dictamen del Parlamento -sin lugar a dudas, una victoria política, y nada desdeñable por cierto- no es vinculante para la Comisión Europea.

Después de casi dos años de polémica, manifestaciones de miles de olivareros en Madrid y Bruselas contra las pretensiones de Fischler y una visita de éste a Andalucía -ideada en abril pasado por la ministra, que recibió del propio comisario una queja escrita por las manifestaciones promovidas durante su viaje-, el sector aceitero afronta la batalla final. Existe un acuerdo casi general para que el Gobierno retome las negociaciones con los ministros europeos, que son los que tienen que votar la propuesta.

Los olivareros piden elevar la subvención de 2.000 millones de ecus (unos 330.000 millones de pesetas) que la Comisión reparte cada año en el sector aceitero europeo. Piden asimismo aumentar el tope actual de producción de la UE para evitar las duras penalizaciones de la Comisión por sobrepasar la cantidad fijada y exigen el mantenimiento de la intervención pública como instrumento para equilibrar el mercado. De fondo está la lucha con Italia, cuyos datos de producción media o de número de árboles manejados como base para el reparto de ayudas resultan poco creíbles a juicio de los aceiteros españoles.

Los olivareros mantienen invariables sus argumentos contra Fischler. La modificación del actual sistema de ayudas, que se traduce en unos 120.000 millones de pesetas anuales para España, afectaría, entre otros aspectos, a la calidad del aceite, al medio ambiente y al empleo. O, dicho de otra manera: ¿por qué cambiar un sistema que, según insisten, funciona? El sector genera en España, primer productor mundial con unas 600.000 toneladas de aceite reconocidas por la Comisión Europea y un valor de producción de 270.000 millones de pesetas, más de 46 millones de jornales. Y sus repercusiones sociales son inmensas.

En Andalucía, y durante los cinco meses de recogida de aceituna, el paro casi desaparece en los municipios andaluces. Con una ayuda al árbol, pocos invertirían en cuidar el producto. Fischler no tiene por qué considerar solamente estos efectos; pero, al menos, debería tenerlos en cuenta.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de diciembre de 1997