El Gobierno quiere compensar a los laboratorias liberalizando precios

El Gobierno ha querido tranquilizar a los laboratorios farmacéuticos agraviados por el medicamentazo con promesas de recompensa, y una de las fórmulas que estudia es adelantar la liberalización de los precios de los medicamentos que no estén financiados por la Seguridad Social, medida que la Ley de Acompañamiento de Presupuestos para 1998 prevé desarrollar en tres años. La industria ha reaccionado con decepción ante lo que considera una recompensa de "ampuloso enunciado y nulo contenido". La ley de acompañamiento incluye, otra disposición de gran calado: otorga a los farmacéuticos el poder para cambiar las recetas.

La ley de acompañamientos prevé la liberalización de los precios de los medicamentos no financiados por la Seguridad Social en un plazo de tres años y ese apartado ha sido ya aprobado en comisión, de modo que la única posibilidad de adelantar su aplicación es que el PP presente una enmienda en el Senado. De este modo, los 500 medicamentos que excluiría el medicamentazo podrían ser objeto de promoción comercial exactamente igual que los cosméticos y otros productos que se venden en farmacia como especialidades publicitarias.Portavoces de la industria consideran, sin embargo, que esta medida apenas tiene repercusión "porque los precios de estos medicamentos, una vez que se vendan libremente, irán disminuyendo por efecto de la competencia". Las empresas nacionales del sector -Almirall, Ferrer y Uriach, entre otras, casi todas con sede en Barcelona- expresaron ayer su desánimo por la ambivalencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ante el medicamentazo. A petición de los laboratorios, Pujol medió ante el Gobierno, pero el resultado ha sido considerado muy decepcionante. En apenas 72 horas, los industriales farmacéuticos han pasado de la estupefacción a la creencia de que era posible una solución pactada, y de ahí, al desencanto.

Tanto la patronal de la industria farmacéutica (Farmaindustria) como el Consejo General de Colegios Farmacéuticos aseguran que no han recibido ninguna información oficial sobre los medicamentos que van a excluirse y declaran su perplejidad a causa de que la lista oficiosa incluya fármacos que se comercializan en todos los mercados europeos. Farmaindustria, que agrupa a unos 250 laboratorios que representan el 96% de las ventas en España, amenaza con romper el pacto suscrito con el Ministerio de Sanidad por el que retorna a las arcas públicas parte de sus beneficios. En virtud de este pacto, la industria farmacéutica ha reducido sus ingresos procedentes de la Seguridad Social en 40.000 millones de pesetas en los dos últimos años y "está previsto que al finalizar el ejercicio de 1997 el ahorro público haya aumentado en 10.000 millones más", según su presidente, Enrique González Hervada.

El Gobierno reguló ya en los presupuestos de 1997 la introducción en España de los precios de referencia, pero no los ha desarrollado. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1998 da un paso más en esta dirección, que debe acompañar la introducción de genéricos en España. En estos momentos existen en España numerosas presentaciones de cada médicamento, es decir, de cada principio activo, que tienen además precios distintos. El Gobierno se propone establecer para los medicamentos financiados por la Seguridad Social un precio de referencia para cada principio activo y sólo pagará esa cantidad, de modo que o bien los laboratorios reducen el precio del medicamento para poder recibir financiación pública, o bien el usuario paga la diferencia.

Cambio obligatorio

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 1998 establece que los farmacéuticos estarán obligados a cambiar el medicamento incluido en la receta por otro de idéntica acción terapéutica que tenga un precio igual o inferior al fijado por el Gobierno como de referencia. El comprador tendrá la posibilidad de elegir el medicamento prescrito por el médico si es más caro, pero siempre que pague la diferencia.El diputado socialista Josep Corominas estima que esta formulación desplazará hacia las farmacias la presión que ahora ejercen los laboratorios sobre los médicos para que receten determinadas marcas. Corominas defiende la introducción de genéricos y los precios de referencia, pero estima que la fórmula prevista por el PP no es la más adecuada. El farmacéutico estará interesado, además, en convencer al paciente de que el producto que le ha recetado el médico, aunque es más caro, es mejor, porque si el paciente acepta pagar la diferencia, incrementará sus ventas y el porcentaje de beneficios.