El Gobierno sondea a las autonomías para que el paciente pague parte de los medicamentos

El Gobierno ha sondeado a las comunidades sobre cómo sería aceptado que los enfermos pagasen parte de los medicamentos de la Seguridad Social, así como que abonasen algunos de los hasta ahora gratuitos,lo que afectaría fundamentalmente a los pensionistas. Asimismo, les ha planteado otras fórmulas, como el aumento de los impuestos especiales. Todo ello para cubrir los 100.000 millones adicionales que le reclaman las autonomías para financiar la sanidad. Los 40.000 millones que completan su reivindicación de 140.000 procederán del ahorro por la lucha contra el fraude por incapacidad laboral. Un portavoz del Gobierno asegura que "no hay ninguna decisión adoptada".

Los próximos días serán decisivos para la fijación definitiva de la cantidad y de los criterios de reparto de la financiación sanitaria entre el Gobierno y las autonomías. Primero se reunirá el grupo de trabajo sobre esa financiación, formado por una representación del Ejecutivo y de las comunidades, y posteriormente lo hará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).La importancia política de ambos encuentros radica en que en ellos se ventila la principal reclamación del socio número uno del Gobierno, CiU, y el modo de cubrir el agujero sanitario en las comunidades que tienen traspasada la competencia.

Las autonomías reclaman 100.000 millones de financiación adicional para cubrir el agujero sanitario, pero el Gobierno no quiere extraer ese dinero de otras partidas del presupuesto. Así, el Ejecutivo ha sondeado a algunas comunidades sobre la posibilidad de que los enfermos asuman algunas fórmulas impopulares, como compartir el pago de los medicamentos, o la participación de los pensionistas, hasta ahora exentos, en el de los fármacos o el aumento del porcentaje de la participación de los trabajadores activos. Otras serían el medicamentazo o pago de las medicinas hasta ahora gratuitas para los jubilados y un nuevo aumento de los impuestos especiales (alcohol y tabaco). La propuesta final del Gobierno -aún no decidida, según aseguró ayer un portavoz de Economía puede tener como resultante una combinación de todas ellas.

El Gobierno, que las ha sondeado con estas propuestas, trata de corresponsabilizar a las autonomías en las fuentes de financiación de la cobertura del déficit sanitario. Pero las comunidades no quieren asumir esa "patata caliente". Creen que es responsabilidad del Ejecutivo.

Ayer, el secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, manifestó que ni su partido ni los representantes de las comunidades en las que gobierna -Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha-aceptan la fórmula del pago compartido. Jáuregui dijo que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y repartir el dinero de manera proporcional a todas las comunidades, incluidas las del territorio del Insalud, esto es las diez que no tienen traspasada la competencia.

La falta de corresponsabilidad de las comunidades y de los principales partidos en medidas que pueden resultar impopulares, como el pago compartido, ha hecho que el Gobierno no se haya decidido a dar el paso.

El Gobierno está, por tanto, entre la espada y la pared en vísperas de una reunión decisiva, como es la del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ya debía haberse celebrado y que se está demorando a causa de estos problemas.

No obstante, el Ejecutivo ya ha resuelto otros. Las comunidades de Cataluña, Andalucía y Canarias -que tienen traspasada la sanidad y que soportan un fuerte déficit-, junto con el País Vasco, han suscrito un acuerdo para presionar al Gobierno y conseguir que la cifra a repartir sea de 140.000 a 150.000 millones de pesetas y para que los criterios de reparto entre las comunidades den prioridad a la variable de población protegida, con el padrón actualizado, el de mayo de 1996.

El Gobierno tuvo el viernes un gesto negociador hacia estas comunidades al aprobar el padrón de 1996. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, fue explícito al señalar que se aprobaba para que tenga efectos desde el 1 de enero de 1998 respecto a la financiación municipal y la sanitaria si finalmente se produce un acuerdo en el CPFF.

Las autonomías mencionadas también admiten que se tengan en cuenta otras variables de carácter secundario como la dispersión de la población, el envejecimiento, la atención a los desplazados y a los extranjeros o los gastos de docencia para que todas resulten compensadas.