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CiU propone desgravaciones para las familias que cuiden a sus enfermos crónicos

Acaban los trabajos de la reforma sanitaria, con el apoyo final de PP y nacionalistas

CiU ha introducido en las conclusiones sobre la reforma sanitaria -a última hora y por sorpresa- una propuesta para que obtengan desgravaciones las familias que asuman el cuidado de sus parientes enfermos crónicos o el de ancianos atendidos ahora por el sistema público. El informe de la subcomisión, creada en junio de 1966, fue presentado ayer en el Congreso. Para el PSOE, la propuesta de CiU -aceptada en principio por el PP- es reaionaria, y desmantela el Estado del bienestar. Las conclusiones presentadas ayer por la comisión que recibió como encargo consensuar la reforma sanitaria sólo obtuvieron el apoyo de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. Se mantuvieron al margen PSOE e IU.

CiU lanzó ayer la propuesta, que jamás antes se había mencionado. Y Francesc Homs, portavoz de CiU, quien no ofreció precisiones sobre la cuantía de la futura desgravación, explicó: "De alguna manera hay que premiar ese esfuerzo de las familias". Y ante las preguntas de los periodistas, respondió: "No me pidan más concreciones, eso habrá que verlo más adelante".El PSOE -que ya abandonó la subcomisión parlamentaria el pasado mayo, junto a IU- reaccionó con indignación: "Esta medida supone desmantelar el Estado del Bienestar a costa de mandar a casa a estos ciudadanos a los que ahora atiende el sistema público, es decir, todos", manifestó su portavoz de sanidad, Ángeles Amador. "Cataluña defiende la política de beneficios fiscales para todo y de menos estructura política", interpretó. Y coincidió con IU al plantear otra consecuencia: la desgravación se producirá a costa de sacrificar a las mujeres, que son las que históricamente han soportado los cuidados de ancianos y enfermos.

Otras recomendaciones aprobadas por la comisión son las siguientes:

Aseguramiento. A pesar de que CiU pidió cambiar el modelo, la comisión propone mantener el actual: el mismo seguro público para todos los ciudadanos, salvo para los funcionarios (que podrán seguir con Muface). Según Francesc Homs, CiU sólo quería evitar que el PP suprimiera las mutuas aseguradoras de los funcionarios. El PNV, que basó su apoyo en seguir con el mismo modelo, mostró su triunfo. Sin embargo, la portavoz del PSOE advirtió- de que el término "redefinir" el aseguramiento sanitario público -como dice el documento- es "abrir la vía para seguros privados".

Prestaciones sanitarias. Se deberán establecer por ley, y no por decreto, las mismas prestaciones comunes para todos los ciudadanos. La comunidad autónoma que quiera añadir otras -la sanidad vasca financia un plan de salud bucodental, por ejemplo- deberá pagarlas. No se especifica cómo. Para el PSOE e IU, esto consolidará las desigualdades autonómicas y se recortarán algunas prestaciones ya existentes.

Medicamentos. El documento recomienda -en algunos medicamentos- financiar sólo su principal indicación terapeúticas, de modo que el paciente que desee ese medicamento para otra indicación menos importante lo tendrá que abonar. Además, se pide impulsar los fármacos genéricos y los precios de referencia (el erario público paga el más barato, y el paciente que quiera uno más caro abonará la diferencia).

Organización y gestión. Este apartado arrastra la polémica más larga. Impulsa la autonomía de los centros, que según el PSOE "es mera literaura porque no menciona su titularidad pública". Se plantea ajustar las plantillas a las necesidades, con el desacuerdo de PSOE e IU.

Historia accidentada

La subcomisión que acabó ayer sus trabajos fue creada en junio de 1996 a iniciativa del PP, que recogió el guante lanzado por José María Aznar cuando ofreció el consenso político para reformar el sistema público sanitario. Pero su existencia ha estado cuajada de desencuentros. El PSOE e IU la abandonaron para no ser corresponsables de la privatización de la sanidad" ni de los acuerdos extraparlamentarios entre el Gobierno y CiU. Por ésta "triste subcomisión" -como la calificó ayer Angeles Amador, del PSOE- han pasado más de 200 expertos españoles y extranjeros, y ha originado 55 reuniones y 46 documentos. Los trámites que le quedan a su informe son un debate en la Comisión de Sanidad y otro en el Pleno del Congreso.

La ira de los sindicatos

CC OO arremetió contra la política sanitaria del Gobierno. Su secretario general, Antonio Gutiérrez, dijo que "igual que la cabra tira al monte, la derecha tiende a la desigualdad social". Y Cándido Méndez, de UGT, apeló a su confianza de que el Gobierno y los nacionalistas catalanes se enteren de que la sanidad "es una patata caliente" para no herir la sensibilidad de los ciudadanos. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, las conclusiones de la subcomisión muestran "una privatización encubierta, que plantea financiaciones confusas para beneficiar a una comunidad", en alusión a Cataluña. El Sindicato de Auxiliares de Enfermería aseguró que "las regiones con menos recursos no podrán invertir en sanidad".

Las vueltas de la financiación

CiU se ha sentido satisfecha por la creación de los fondos de financiación específicos según el número de enfermos asistidos y las características demográficas concretas, Como tener una población más envejecida. Y, sobre todo, por su propuesta de crear un fondo extra para atender a los enfermos no empadronados en la comunidad donde han sido asistidos. En este capítulo, CiU pide también un incremento anual para sanidad por encima del producto interior bruto (PIB), y se remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera -donde están representadas todas las comunidades autónomas- para cuadrar las cuentas. El ministro José Manuel Romay aseguró ayer que ese órgano "presentará a principios de noviembre un nuevo modelo financiero",

Disparidad de opiniones

Entre la pomposidad y la desazón transitaron ayer las declaraciones de los partidos que en otro tiempo coincidieron en la subcomisión sobre la reforma sanitaria. "Acuerdo inédito en los últimos tiempos", dijo Francesc Homs, de CiU. "Un nuevo Pacto de Toledo; un hito en la historia comparado con el de la Constitución", manifestó Jesús Gómez, de Coalición Canaria. El PNV se sintió "tranquilo" al recogerse algunas de sus recomendaciones, según Carlos Caballero. Y para César Villalón, del PP, "ha sido un mandato de los ciudadanos". Según el PSOE, se trata sólo de "una triste historia y una falta de respeto", como lamentó Ángeles Amador; y para Ángeles Maestro, de Izquierda Unida, es un documento "de la derecha política".

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