Sin impunidad

ES MUY improbable que se cumplan los deseos de Carmen Gloria Quintana, uno de los testigos interrogados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco de su investigación de los crímenes cometidos por el régimen del golpista Augusto Pinochet. Víctima de la represión tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, esta joven chilena ha declarado que querría ver a Pinochet encarcelado en España. Pero no es ésa la solución.Las víctimas que han sobrevivido y los familiares de quienes no tuvieron tal fortuna pueden exigir que los torturadores y verdugos no queden impunes. Más de dos centenares de españoles se inscriben en esa lista junto a miles de ciudadanos chilenos. Seguramente habría sido deseable que la sociedad chilena hubiera podido exigir responsabilidades al general, pero no fue así. De ahí que las víctimas españolas hayan recurrido a la Audiencia Nacional para abrir una vía jurisdiccional que pueda paliar esa injusticia. Es ilusorio pensar que el proceso pueda concluir con el encarcelamiento del dictador, pero la instrucción de la causa supone al menos un desagravio mínimo para las víctimas del régimen de Pinochet. Desagravio más necesario por cuanto el ya anciano dictador jamás ha mostrado el menor indicio de arrepentimiento ni compasión y se obstina en insultar a sus víctimas con una sistemática apología de la represión, la tortura y el crimen. Todo ello adornado con la cínica envoltura de una "guerra antisubversiva".

Pinochet se retira en marzo, a los 82 años. Deja el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, que le ha brindado la impunidad y un manifiesto tutelaje sobre la nueva democracia de su país. Los datos, las pruebas y los testimonios van llegando a la Audiencia Nacional y se perfilan las figuras penales. Esta labor, al igual que la desarrollada por Baltasar Garzón en relación con Argentina, puede acabar impidiendo al menos que criminales de guerra, torturadores y violadores de los derechos humanos en general puedan circular libremente por el mundo. Quienes recurran a los métodos criminales de Pinochet o Videla han de saber que perseguirlos judicialmente es una labor a la que se compromete la comunidad internacional. Seguramente no era a ellos a quienes se refería Clinton al proponer a la ONU la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero una corte de esa naturaleza sería inservible si no pudiera entender de estos asuntos.