El PP y el PSOE de Torres se acusan del derribo ilegal de un edificio protegido

El gobierno municipal (PP) y la oposición (PSOE) de Torres de la Alameda (3.950 habitantes) mantienen una enorme pelea política y judicial entre los escombros de un edificio de la localidad. Ambos grupos reconocen que la edificación derribada hace unos meses se encontraba catalogada y protegida por la ley y, por tanto, estaba taxativamente prohibida su demolición. PP y PSOE se echan la culpa mutuamente de su destrucción, se lanzan graves acusaciones (incluso, la de falsificación de documentos) y se amenazan con los tribunales. Los hechos han llegado, de la mano del PSOE, hasta la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia.

En 1993, cuando se elaboraron las normas subsidiarias de Torres de la Alameda, los técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento acordaron que 27 edificaciones de esta localidad del este de Madrid quedasen protegidas por ley. Se acordó que la mayoría de los edificios que rodean la bella iglesia parroquial del municipio fuesen incluidos en el denominado catálogo de bienes protegidos.Una modesta vivienda de adobe, situada en el número 2 de la calle de la Cruz Verde, fue incluida en el catálogo porque era un "ejemplo interesante de la tipología" de las casas rurales de Torres. Se le concedió lo que los técnicos llaman protección ambiental. Es decir, el edificio sólo podía ser mantenido, consolidado o rehabilitado. Quedaba terminantemente prohibido modificar su estructura sin un informe favorable de la Dirección General de Arquitectura y, por supuesto, derribarlo. Cualquier obra que afectase al terreno donde se asienta la casa tendría que venir precedida de un "informe arqueológico, previa realización y exploración y catas de prospección". Torres se encuentra cerca de la Complutum romana, actual Alcalá de Henares.

Sin embargo, en abril, sin ningún tipo de informe arqueológico, las máquinas excavadoras acabaron con la centenaria edificación protegida. La demolición se hizo, según la denuncia del PSOE, "con la autorización expresa del concejal de Urbanismo, Antonio Sotoca, y el conocimiento y aprobación del resto de concejales del equipo de gobierno, ya que durante el derribo los agentes de la policía local cortaron la circulación y regularon el tráfico en la zona, por orden expresa de los responsables municipales".

Antonio Rodríguez del Barrio, portavoz del PSOE, ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Acedo, tres concejales del equipo de gobierno y los técnicos municipales que "hayan permitido el derribo del edificio". Los socialistas reclaman acciones administrativas y penales contra ellos.Informe de secretaríaEl alcalde, Francisco Acedo, reconoció ayer los hechos que denuncian sus adversarios, pero, al tiempo, muestra un documento firmado por la secretaría municipal que señala que la licencia de demolición fue concedida el 24 de noviembre de 1994. "En ese momento yo no era alcalde", recuerda Acedo, "sino Antonio Rodríguez del Barrio, el mismo que ahora ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía. Es decir, yo no ordené la demolición, sino él".

Sin embargo, según el informe de la secretaría, los propietarios del edificio no lo demolieron nada más pedir la licencia, sino dos años después, cuando Acedo ya era alcalde y la licencia ya estaba caducada. Acodo señala: "Yo lo único que hice fue renovar el permiso que había aprobado Rodríguez del Barrio. La di por buena, porque la había firmado él, y no tenía por qué desconfiar de lo que había aprobado mi antecesor".

Por su parte, Rodríguez del Barrio calificó el documento que mostró ayer Acedo de "burda falsificación" . "Jamás durante mi gobierno firmé una licencia de demolición. Jamás. Acedo ha falsificado ese documento para echarme la culpa. ¡Es el colmo de la desfachatez! ¡Cómo voy a denunciar ante el fiscal que el Ayuntamiento ha derribado un edificio protegido, si hubiera sido yo quien lo había ordenado!".

El alcalde le responde: "¡Cómo voy a falsificar un documento! Este hombre no sabe lo que dice. Si tan seguro está, que me denuncie por falsificación. Lo que debe de haber pasado es que no se acuerda de que firmó el derribo". Acedo, tras el cruce de acusaciones, ha Firmado un decreto paralizando las obras, "hasta que se aclare todo".