Ruiz-Gallardón recibe un requerimienteo notarial para el pago del curso del aceite

VIENE DE LA PÁGINA 1En el requerimiento notarial Secanella expresa que el daño que la Comunidad ha hecho a su asociación es "irreparable" y que el "descrédito frente a alumnos, profesores y colaboradores no podrá rehabilitarse jamás porque la situación económica creada es de absoluta ruina".

Mientras Petra María Secanella deja constancia pública de que Alberto Ruiz-Gallardón y Luis Blázquez le deben 163 millones "concedidos el 17 de junio de 1996 por la consejería de Economía y Empleo", sus ex socias en la Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo, Marta Garrido y Carmen de Pablos, ponen en solfa el desglose presupuestario que la, profesora presentó en la Comunidad. En el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid consta un argumentario en el que las denunciantes intentan demostrar presuntas anomalías contables de Secanella. Éstas son algunas de las imputaciones:

Máquinas muy caras. Las cuentas de los cursos de periodismo, gastrocatadores y olivo mediterráneo reservan 16,8 millones de pesetas en concepto de alquiler de equipos y 11,25 millones por material. Garrido y De Pablos, lejos de creerse estos importes, sostienen en su denuncia: "Existen indicios más que fundados para pensar que el valor de los mismos asciende a la décima parte".

Numerosos participantes en los cursos que se impartían en el centro de formación Pedro Patiño de Getafe han coincidido en señalar que los equipos informáticos tardaron al menos tres semanas en aparecer por el lugar. Hasta ese momento, los alumnos tuvieron que conformarse con las computadoras existentes en el propio edificio, de escasa potencia, siempre según estos testimonios.

La propia Secanella ha admitido a este periódico que el abastecimiento informático se lo encomendó a la empresa Equipamiento Institucional, SA (Equinsa), habitual en las adjudicaciones de la facultad de Ciencias de la Información. Entre otras cosas, Equinsa dotó tecnológicamente al Instituto de Comunicaciones Avanzadas (lUCCAA), del que Secanella es directora ejecutiva.

Según consta en el juzgado, Equinsa cedió a la Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo en febrero de 1996 unos locales en Alcalá de Henares, a la altura del kilómetro 33,600 de la carretera de Barcelona. En el documento no figura ninguna compensación económica a cambio de que la asociación de Secanella "se establezca en los locales de los que esta sociedad es propietaria".

Cursos del Inem. Antes de la famosa subvención de los 163 millones por cursos de catas de aceite y periodismo, la Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo obtuvo otra del Inem en Majadahonda para impartir un cursillo titulado Micromedia y Micromárketing. Una alumna envió una carta al director provincial del Inem refiriéndole: "Uno de los módulos contemplaba clases de informática y creación de bases de datos; sin embargo, el supuesto profesor nos reconoció que ni él mismo sabía lo que tenía que hacer". El "micromárketing" también incluía la siguiente práctica, según el escrito de denuncia: "Pasar aceite de oliva de garrafa a pequeñas botellas que luego se presentaban en los restaurantes como cosechas artesanales de limitada producción". Secanella dice que contrató a nueve alumnas durante seis meses porque sus socias (Garrido y De Pablos, las ahora denunciantes) habían abandonado la Asociación.

En el argumentario se expone el caso de un profesor en ese curso del Inem que sólo percibió 50.000 pesetas por su trabajo, "cuando Petra María Secanella, presentó al Inem una factura justificativa de gastos según la cual le habían abonado dos millones".

¿Partidas infladas? Entre los famosos 163 millones a la hasta ahora desconocida Asociación Pro Cultura del Olivo Mediterráneo, hay algunas partidas que a las antiguas compañeras de Secanella se les antojan excesivas.

Garrido y De Pablos se preguntan, por ejemplo, si por coordinación y secretaría "se han de pagar" 37,5 millones de pesetas, tal y como aparece en el desglose. 0 cómo "el coste real" de la dirección puede ascender a 19,1 millones, y si Secanella sería la única beneficiaria de esa cifra.

La profesora universitaria y empresaria aceitera ahora cuestionada defendió su buena labor con ahínco: "Si el Gobierno regional cree que hay alguna factura irregular, lo primero de todo habría sido advertirlo", argumentó. Y agregó: "Poca irregularidad puede haber cuando esas facturas las hicieron, codo con codo, toda mi gente y toda la gente de la Comunidad".