Iniciativa de varias organizaciones en defensa de la reforma
Organizaciones sindicales, patronales y de padres de alumnos, junto a varias personalidades del mundo educativo, ultiman un manifiesto en defensa de la reforma educativa en el que expresan la necesidad de un plan de financiación de cinco años que permita alcanzar un gasto educativo del 6% del producto interior bruto (PIB), equiparable al de los países de la Unión Europea, con el fin de garantizar una educación de calidad tanto en los centros públicos como en los concertados. Esta aportación especial supondría en tomo a los 600.000 millones en cinco años.En los trabajos de elaboración del documento, promovido por la Fundación Encuentro, han participado las federaciones de padres CEAPA (laica) y CONCAPA (católica), los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, CESIF, ANPE y USO; la federación de centros religiosos de la enseñanza FERE (mayoritario en la enseñanza concertada), y personalidades como el viceconsejero madrileño de Educación, Raúl Vázquez, número dos de Gustavo Villapalos.
Reacción de la ministra
La iniciativa ha suscitado la alarma de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que ha realizado diversas gestiones para frustrar la incorporación de algunas de las organizaciones al manifiesto. En sus declaraciones públicas, la ministra ha ofrecido reiteradamente un pacto educativo y ha acusado de torpedearlo a los socialistas, y en particular a Felipe González.
En las reuniones, auspiciadas por el presidente de la Fundación Encuentro, José María Martín Patino, se han debatido diversos borradores en cuya redacción ha participado de forma destacada el ex secretario de Estado de Educación Álvaro Marchesi. Esta misma semana está previsto que las organizaciones participantes tomen una decisión sobre la firma del manifiesto.
A falta de retoques, el texto reconoce las diferencias existentes entre las diversas organizaciones, pero contiene una declaración expresa de apoyo a las líneas básicas de la LOGSE y a la enseñanza pública. Se articula en seis puntos: estructura del sistema, financiación, desarrollo y valoración de los profesores, funcionamiento de los centros, educación compensatoria y transferencias autonómicas.
La defensa de la enseñanza pública se armoniza en el borrador con el reconocimiento de la enseñanza privada a recibir dinero del Estado a través de los conciertos. De hecho, se afirma que la enseñanza concertada forma parte del servicio público y se pide el mantenimiento de la actual proporción (70% pública y 30% concertada).
La figura de los profesores se reivindica y se expresa la necesidad de que éstos reciban nuevos incentivos profesionales y retributivos vinculados a la calidad de la práctica docente y los proyectos de innovación y trabajo en equipo.
