Ayuso maniobra para que los colegios mayores que segregan no tengan que ser mixtos para sobrevivir

Los cánticos machistas del colegio mayor para chicos Elías Ahuja a sus vecinas del Santa Mónica ―”¡Putas, salid de vuestras madrigueras como conejas! ¡Sois unas putas ninfómanas!”― desencadenaron un gran debate social que culminó en diciembre de 2022 con una enmienda a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) promovida por Más País, que obliga a estas residencias estudiantiles que segregan por sexo a convertirse en mixtas si no quieren perder la adscripción a una universidad pública como colegios cuando tengan que renovar el convenio. Pero el Gobierno de Madrid pretende maniobrar en la ley universitaria que prepara para frenar que ocurra. Según ha podido saber este diario por tres fuentes universitarias, se pretende incluir un artículo que considere colegio mixto a todo el que acredite que organiza actividades culturales, formativas y deportivas abiertas a chicos y chicas.

Si la residencia deja de ser un colegio mayor de una universidad pública, pierde los donativos, donaciones y aportaciones que no gravan la renta. Además, su prestigio menguará ―se supone que, a diferencia de una residencia, el colegio contribuye a la formación personal del estudiante― y no podrá usar las instalaciones deportivas y culturales de la universidad de adscripción. La única solución que les queda es depender de una universidad privada, pero estas suelen encontrarse en el extrarradio de la capital y enclavan allí sus alojamientos, que suelen ser residencias costosísimas.

Un portavoz de prensa de la Consejería de Educación y Universidades explica que es solo un borrador de ley sobre el que se va a trabajar, por lo que el Ejecutivo regional no se va a pronunciar por el momento sobre el artículo de los colegios mayores. El 4 de julio está convocado el Consejo Universitario en el que el Gobierno de Ayuso expondrá su proyecto ―el tercero, tras una votación fallida del de Cristina Cifuentes y un parón del segundo por la salida de Ciudadanos del gobierno― a las seis universidades públicas y 13 privadas de Madrid.

Existen dudas jurídicas de que el artículo pudiese aplicarse, porque contraviene el espíritu de la LOSU y podría interpretarse como una invasión competencial de una comunidad en una norma estatal. Los colegios de titularidad pública hace tiempo que no separan, y en los privados, como el Ahuja, el proceso está siendo más largo. Los convenios se renuevan cada cuatro años ―el Ahuja, adscrito a la Complutense, lo actualiza para el curso 2026-2027― y algunos están ya en proceso de hacerse mixtos. En Madrid hay 44 colegios mayores (más de un tercio del total de España) de los que, cuando se aprobó la LOSU, 10 eran femeninos y nueve masculinos.

Esta organización conjunta de actos ya es una tradición, por lo que de facto todos los colegios mayores segregadores se convertirían en mixtos de aprobarse la norma madrileña. Los colegiales del Ahuja, por ejemplo, iban a celebrar una capea con las mónicas que fue suspendida tras el escándalo. Ambas residencias son colindantes y propiedad de la Orden de San Agustín y programan juntos excursiones. Los padres, en muchas ocasiones antiguos alumnos, envían a sus hijos a estos centros separados. Por eso muchas de las colegialas no se sintieron insultadas cuando las llamaron putas, quedaba en familia.

Según cálculos del Consejo de Colegios Mayores Universitario de España, una docena de sus centros expresó hace un año su voluntad de convertirse en mixtos, incluso cuando les faltaban años para renovar el convenio. El consejo explica que el próximo septiembre comienzan tres centros mixtos en Granada que eran masculinos y otro en Madrid, el Aquinas, de los dominicos y adscrito a la Complutense, que ya está entrevistando a futuras universitarias. Pasarán unos años hasta que se iguale el nivel de chicos (no suelen convertirse los femeninos en mixtos) y chicas.

No es la primera vez que Ayuso, que se negó a rechazar los cánticos del Ahuja, trama un plan para mantener abiertos centros que segregan. Aunque una sentencia del Tribunal Constitucional avala que los centros que diferencian niños de niñas no sean financiados por la Administración, el Gobierno madrileño buscó la fórmula para seguir financiándolos hasta 2027. En 2021 aprobó un decreto que extendía de seis a 10 años los conciertos ya vigentes en cualquier tipo de centro (tanto de educación diferenciada como mixta) para así neutralizar la conocida como ley Celaá antes de su entrada en vigor.

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