El Gobierno y Más País negocian una enmienda a la ley para prohibir que los colegios mayores segregados se adscriban a universidades públicas

El Gobierno y Más País están negociando incorporar una enmienda en la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que los colegios mayores no mixtos como el Elías Ahuja no puedan adscribirse a una universidad pública. La propuesta de Más País, que han confirmado fuentes del Ministerio de Universidades y del grupo encabezado por Íñigo Errejón, pretende que las universidades públicas garanticen un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad de sexos.

La enmienda plantea añadir un nuevo apartado a la disposición adicional séptima del proyecto de ley, de modo que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no puedan adscribirse a una universidad pública. La propuesta llega tras la reciente polémica en torno al Elías Ahuja de Madrid, un centro solo para hombres adscrito a la Universidad Complutense cuyos colegiales protagonizaron una escena, grabada en vídeo, en la que increpaban desde las ventanas de su residencia a las estudiantes de un centro femenino contiguo con mensajes que incluían frases como: “¡Putas, salid de vuestras madrigueras!”.

Así, la enmienda impulsada por Más País añade que aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta ley, “podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse”. Actualmente existen 120 colegios mayores en España, de los cuales 43 se sitúan en la Comunidad de Madrid. El 70% de ellos son privados y el 50% segrega por género, pese a estar adscritos a universidades públicas como la Universidad Complutense de Madrid.

Hoy termina el plazo para presentar enmiendas a la LOSU, el proyecto de reforma de las universidades que por fin se está tramitando en el Congreso tras un accidentado camino previo. Impulsado por el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, sufrió profundos bandazos antes de la llegada al cargo de Joan Subirats, que hizo su propia versión de la norma para llevarla por fin al Congreso. El proyecto, que trata de poner freno a la precariedad, dar facilidades para los alumnos extranjeros e impulsar la ciencia abierta encontrará seguramente en la financiación de la ley el mayor escollo de la negociación con las autonomías, que tendrán que sufragar los gastos extra.

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