La secundaria mantiene en alto las espadas contra la reforma

La puesta en marcha de la reforma educativa a lo largo del curso pasado generó no pocos conflictos entre el profesorado -amén de los que protagonizó el alumnado en algunos lugares conflictivos- y dejó a este cuerpo dividido básicamente en dos grupos: los profesores de secundaria, mayoritariamente antirreformistas, y los procedentes de primaria, en general a favor.Las espadas siguen en alto, aunque en el mundo educativo parece detectarse una cierta esperanza de que la propia inercia de lo cotidiano y el esfuerzo que se detecta en la Administración catalana allane el camino de la ESO, aunque para algunos sólo se concrete en parches y andamios para salir del paso.

La Plataforma del Vallés se erige como la gran contrarreformista. A finales del curso pasado, este colectivo -integrado mayoritariamente por profesores de secundaria y nacido en los institutos más afectados por un alumnado conflictivo que llegaba de zonas deprimidas y con el que, hasta entonces, no se había contado- echó un pulso al Departamento de Enseñanza de la Generalitat que acabó en un malentendido que aún dura. La plataforma aseguró que se había aceptado su propuesta de dividir a los alumnos de la ESO por grupos atendiendo a su capacidad, lo que suponía atacar la misma base de la reforma. Enseñanza los desautorizó inmediatamente, pero lo cierto es que en algunos institutos así se hizo.

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Virgili Burrel, responsable de Educación de CC OO, cree que "la reforma está aún en el punto de mira, si bien, al ser ya el segundo año de la ESO en muchos lugares, se ha dulcificado el conflicto". Los profesores de secundaria siguen en la brecha, cree Burrel: "Lo que pedían era casi duplicar la plantilla, a lo que Hernández [el consejero de Enseñanza de la Generalitat se niega".

La relación de fuerzas, sin embargo, ha cambiado. Este año llegan a la ESO 1.500 nuevos maestros de primaria a sumarse a los 1.650 del curso pasado. Por otra parte, fruto del acuerdo sobre plantillas, habrá unos 8.000 interinos. La implantación de segundo de la ESO tiene asimismo aspectos positivos como es la ampliación del mapa escolar, concretada en numerosos centros que se están entregando en estas fechas.

Paradójicamente, lo que más puede distorsionar el curso es la reducción de las asignaciones para el funcionamiento de los centros educativos. La Generalitat y los Ayuntamientos han desviado mucho dinero hacia las inversiones en edificios, lo que les ha llevado a recortar en material escolar. Esto puede tener un efecto importante en la percepción de los maestros, pero sobre todo en las economías familiares. Las escuelas tendrán que sacarlo de los padres, lo que provocará un aumento de los gastos por concepto de material escolar y actividades. Las cuotas subirán. Un estudio de CC OO indicaba que la escolarización en un centro público de Cataluña cuesta a las familias, como mínimo, 155.000 pesetas cada curso.

Este problema será mayor en la Cataluña rural, donde el transporte y la comida pueden duplicar esta cifra. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de finales del curso pasado obligó a la Generalitat a hacerse cargo del transporte de unos escolares de Castelló d'Empuries que, pese a pertenecer al mismo municipio, se hallaban a una distancia considerable del centro. De la decisión del TSJC han tomado nota todas las APA rurales. La Generalitat no ha querido extender esta sentencia a situaciones similares, lo que provocará un alud de reclamaciones ante dicho tribunal.

La conflictividad en las zonas rurales puede aumentar. Parece inevitable que con las becas de transporte y comedor se produzcan agravios comparativos entre pueblos, especialmente en aquellos a los que la reforma ha dejado sin escuela.

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