¿Tiene el euro la culpa del paro?

¿Hasta qué punto el empecinarse en una opción política como el euro no nos está costando demasiado caro a los europeos en forma de menor crecimiento y mayor desempleo? Analizar con rigor el problema exige desglosarlo en dos partes. Primera, ¿es consecuencia el incremento del paro de las políticas de convergencia? Segunda, ¿pueden las políticas de convergencia crear empleo?Se ha repetido que cuando se negoció y firmó el Tratado de Maasticht -proceso que llevó más de dos años-, Europa venía atravesando una relativa bonanza económica y, en la mayoría de los países, los desequilibrios macroeconómicos se situaban próximos a las cifras de referencia de los criterios. Sin embargo, el ciclo económico estaba empezando a cambiar y de una tasa de crecimiento del PIB para el conjunto de la Unión Europea del 3,5% en 1989 se pasó al 2,9% en 1990 y al 1,5% en 1991. A partir de ahí, la caída se transforma en crisis con el 0,9% de crecimento en 1992 y, sobre todo, el -0,5% de 1993. Es en este periodo donde se concentra la pérdida de empleo (entre 1991 y 1994 se destruyen cinco millones y medio de puestos de trabajo) y el gran aumento del paro.

Culpabilizar al entonces recién firmado Tratado de Maastricht de esta crisis y del consiguiente aumento del paro parece poco riguroso. Sobre todo, porque los Gobiernos respondieron ante la misma en una dirección contraria a la establecida por la política de convergencia: así, para el conjunto de la Unión, el déficit público pasó del 3,6% al PIB de media en 1990 al 6,2% en 1993, mientras que la deuda pública subió 10 puntos porcentuales de PIB en el mismo periodo de tres años.

La crisis y el incremento del paro a que dio lugar, fueron acompañados pues por la aceptación pasiva por parte de los Gobiernos del juego de los estabilizadores automáticos, hecho que conducía a resultados claramente divergentes con los criterios de Maastricht.

Sí es cierto, sin embargo, que se intentó frenar el crecimiento del déficit con medidas restrictivas en otros capítulos de gasto. Pero es razonable suponer que los Gobiernos hubieran actuado igual sin el compromiso en tomo a la Unión Monetaria, ya que el déficit hay que financiarlo y eso, en aquellos momentos, era especialmente caro dado el rápido crecimiento en el volumen de endeudamiento y la dinámica alcista de los tipos de interés.

Este punto merece un poco más de atención por cuanto parece defendible que el mecanismo del Sistema Monetario Europeo desempeñó un papel perverso, contribuyendo a agudizar los efectos de la crisis desde el momento en que el país ancla del sistema, Alemania, inició, por razones internas vinculadas a su unificación, una escalada alcista de tipos de interés.

Los Repos pasaron del 3,25% en 1987 al 9,20% en 1991 manteniéndo se en el 8,75% en 1992, lo que arrastró al resto de países en una dinámica de subida de tipos, más acusada en unos casos que en otros, en medio de fuertes tormentas monetarias que obligaron a efectuar varios reajustes de paridades. La situación revertió cuando confluyeron dos hechos: la decisión de agosto de 1993 de ampliar la banda de fluctuación permitida para las monedas, que puso fin a la presión especulativa existente sobre los mercados de divisas y el inicio de un vigoroso proceso de descenso en los tipos de interés alemanes -más de dos puntos en 1993 y casi otros dos en 1994- acompañando a una sensible caída de la inflación.

Pero aun en el caso de que atribuyamos una parte de responsabilidad en la crisis a este hecho, conviene recordar que el SME está vigente desde 1979 y que ni los compromisos de Maastricht pudieron impedir que los Gobiernos alterasen radicalmente su funcionamiento cuando se vio necesario, poniendo en riesgo incluso lo prescrito en el Tratado sobre el criterio de estabilidad de los tipos de cambio.

Es difícil concluir pues que la opción de Maastricht en tomo a la unión monetaria y las políticas económicas derivadas de ello fueran las responsables de la crisis de 1992 y 1993 y del incremento del paro en Europa, sobre todo por que más allá de las declaraciones programáticas, la realidad es que los Gobiernos tuvieron la suficiente flexibilidad como para vulnerar, al menos transitoriamente, la doctrina del Tratado con el fin de encajar mejor los efectos de la crisis económica.

Veamos ahora el otro lado de la cuestión, el relativo a si las políticas de convergencia requeridas para la entrada en vigor de la unión monetaria han sido capa ces de crear empleo. En los últimos años han aparecido varios estudios que muestran cómo determinados procesos de ajuste presupuestario pueden tener un efecto expansivo sobre la actividad económica, en contra de lo predicho por el modelo general de raíz keynesiana. Para ello, deben reunir tres condiciones: incluir medidas permanentes, tener una ele vada magnitud mínima y centrarse en los gastos de transferencias (incluida la Seguridad Social) y en el consumo público.

Como consecuencia de los efectos combinados de la crisis sobre las finanzas públicas de los países europeos y del mantenimiento de los compromisos de Maastricht sobre la moneda única -si bien retrasando dos años su entrada en vigor-, los países de la Unión Europea han tenido que poner en marcha procesos de consolidación fiscal que, para el conjunto, significaban re ducir más de tres puntos porcentuales de PIB el déficit público en sólo cuatro años. A pesar de una rápida y vigorosa salida de la crisis -en 1994 ya se crece, de media, al 2,9%- la coyuntura económica no ayuda de forma suficiente a corregir el déficit coyuntural.

A mediados de 1995 vuelve a haber un bache económico y 1996 cierra con un crecimiento medio en la Unión del 1,6%. Tampoco el clima social permite que se adopten medidas radicales tendentes a frenar y reducir el déficit estructural reformando en profundidad el Estado de Bienestar.

Ambos hechos obligan a que las medidas adoptadas para reducir los déficits públicos, de tal forma que se ajusten, al 3% a finales de 1997, incluyan mucho de lo que se ha conocido como contabilidad creativa, además de pocas medidas permanentes (privatizaciones ... ), alguna subida impositiva, mucho recorte a la inversión pública y poco a las transferencias, especialmente las sociales. Así realizado, ya no es tan claro el efecto expansivo de una consolidación fiscal.

Se ha utilizado el argumento de que los procesos de consolidación fiscal han permitido importantes descensos en los tipos de interés siendo esta vía indirecta su principal aportación al crecimiento. Pero esta explicación sólo es parcialmente cierta. La primera caída importante de tipos se produce en 1993 -los tipos a tres meses bajan en la Unión del 10,8% de promedio al 8,3%- que es precisamente el año en que más se disparan los déficits públicos.

Al año siguiente, 1994, el déficit se reduce, en el conjunto de la Unión, sólo ocho décimas del PIB mientras que los tipos de interés a tres meses vuelven a caer dos puntos porcentuales. Los importantes descensos de tipos de interés que se han producido en Europa a partir de 1993 -con algunos rebotes coyunturales han estado, pues, más relacionados con la situación de los mercados de divisas y la evolución de la inflación, que con el déficit público.

El fenómeno se acelera conforme se aproxima la fecha de entrada en vigor de una política monetaria común, sobre todo para aquellos países situados en la periferia del sistema que soportaban mayores primas de riesgos. Esto no quiere decir que los procesos de consolidación fiscal seguidos no hayan tenido ninguna influencia sobre los tipos de interés. Pero ha sido indirecta, a través de las expectativas positivas que generaban en los mercados cambiarios respecto a la posibilidad creciente y creíble de una unión monetaria amplia cuyos tipos de interés debían converger en tomo al vigente en Alemania.

El balance de este enfoque nos llevaría pues a contestar a la segunda de las preguntas iniciales diciendo que tal y como se están teniendo que hacer las cosas, las políticas de convergencia están teniendo un efecto mixto sobre el crecimiento y la creación de empleo.

Mientras que los ajustes presupuestarios pueden estar resultando ligeramente contractivos, a pesar de que se ha tendido más a reducir el ritmo de crecimiento nominal del gasto público que a recortar éste en términos reales, salvo la inversión pública, la convergencia de inflación y tipos de interés son los principales elementos expansivos, unido a un hecho ajeno al proceso, pero decisivo, como es la tendencia alcista del dólar en los últimos tiempos.

A partir de 1994, la Unión Europea se ha instalado en un crecimiento medio del 2,5% anual y las perspectivas de alcanzar el 3% de forma estable no son descartables. Además, desde 1995 hasta finales de 1997, se habrán creado en la Unión 1.700.000 puestos de trabajo, revertiendo la tendencia anterior.

La supuesta, por algunos, incompatibilidad entre el proyecto actual de unión monetaria -calendario más criterios- y un proceso de crecimiento económico suficiente para reducir el paro en Europa, no parece sustentarse pues en los datos. Cosa distinta es que Europa siga arrastrando rigideces estructurales importantes en su mercado de trabajo y en sus sectores públicos que pueden estar frenando nuestro potencial de crecimiento y creación de empleo. Pero Maastricht no trata de eso.