El Parlamento palestino impone a Arafat un plazo de un mes para destituir a su Gobierno

Yasir Arafat debe cambiar todo su Gobierno antes de un mes. La decisión fue adoptada ayer por una amplia mayoría del Consejo Nacional Palestino (Parlamento) reunido en su sede de Ramala, donde debatió el informe laborado en las semanas precedentes por un comité que investigó los casos de corrupción a investigación ha puesto al descubierto actividades ilegales de la mayor parte de los miembros del Ejecutivo, quienes en total han defraudado" o "malversado" en un solo año cerca de 326 millones de dólares (50.530 millones de pesetas), una cuarta parte del presupuesto nacional.

La moción de censura contra Yasir Arafat, instándole a cambiar el Gobierno antes de un mes, fue adoptada por 51 diputados contra uno, en una Cámara compuesta por 88 miembros, y en la que durante más de dos días se ha estado discutiendo un escabroso informe en el que se denuncian graves irregularidades financieras en la mayoría de los 18 ministerios, pero especial mente en el de Asuntos Civiles, encabezado por Jamil Tarifi, para quien se pide que sea enviado a la cárcel.La investigación, iniciada a instancias del propio Arafat fue acogida durante el debate parlamentario con duras críticas, es pecíalmente por los ministros más afectados, algunos de los cuales acusaron al líder palestino de enviar espías a su ministerio, "ya que han entrado por la ventana del edificio y no a traves de la puerta", como aseguró de pie en el estrado, Nabil Shaat, ministro del Plan y portavoz del proceso de paz. A Shaat se le imputa haber pagado las facturas del teléfono y de la electricidad de su casa con los fondos oficiales.

Los alaridos de los afectados quedaron, sin embargo, mitigados por los diputados que acogieron con entusiasmo el informe anticorrupción y que han reclamado una limpieza en profundidad del Gobierno Arafat. Esta propuesta fue apoyada entre otros por el responsable del Consejo Nacional Palestino, Ahmed Korei, quien sin ningún paliativo aseguró: "Nosotros esperamos que Arafat responda a nuestra resolución, por que el Gabinete debe cambiarse".

Arafat no ha respondido por ahora a la propuesta. Pero Marwan Kanafani, uno de los asesores de la Presidencia, ya ha advertido de manera clara, que el líder palestino conserva en su poder una prerrogativa que le podría llevar a no escuchar estas recomendaciones y mantener el Gabinete o a algunos de sus ministros.

Las exigencias del pleno del Parlamento palestino caen como una losa sobre Arafat, en un momento delicado en el que Israel, la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos presionan para reclamar una limpieza político-policial en la zona, marginando a las organizaciones islamistas radicales y encarcelando a los activistas, supuestos responsables de los atentados contra la comunidad judía.

Pero además de estas presiones, en la calle, Arafat se ve obligado a hacer frente a las presiones de una población, formada por más de dos millones de habitantes, que desde ayer se encuentran mayoritariamente en paro y encarcelados en su propio territorio, como consecuencia de la clausura de los pasos fronterizos impuesta por Israel tras el atentado del miércoles.

Desde ayer, al menos 120.000 palestinos que trabajaban en Israel han dejado de acudir a sus puestos de trabajo, mientras algunos empresarios israelíes, especialmente de la construcción, han decidido ya deshacerse de los obreros árabes, supliéndolos por otras nacionalidades. Sólo en el sector inmobiliario se calcula que trabajaban 50.000 palestinos, la mitad de ellos lo hacían de manera ilegal. Para todos ha llegado el momento del hambre y de la desesperanza.