La Comisión Europea abre procedimiento urgente de infracción contra el Gobierno por su 'ley digital'

La Comisión Europea decidió ayer, en su reunión plenaria, abrir un procedimiento de infracción contra España al considerar que la ley nacional de televisión digital viola el derecho comunitario. El procedimiento tiene características de extrema dureza: sólo otorga 15 días naturales al Gobierno para contestar -en lugar de dos meses, como ha ocurrido en otros procedimientos- y anuncia que pedirá "medidas cautelares" o provisionales al Tribunal de Justicia de las Comunidades, "para suspender la aplicación de la ley". El comisario de Mercado Interior, Mario Monti, destacó ante los periodistas que el anuncio de medidas cautelares se realiza porque la ley "crea situaciones perjudiciales a las partes interesadas, en violación del derecho comunitario".

Monti dijo que justamente se trata de evitar esos daños irreparables. Se refería al plazo de dos meses, hasta el 7 de julio -o de tres, hasta el 6 de agosto, según reciente interpretación de Arias-Salgado-, transcurrido el cual Canal Satélite no podría comercializar sus descodificadores, de acuerdo con la norma española en vigor.El anuncio de medidas cautelares es verdaderamente excepcional. A lo largo de toda la historia comunitaria, la Comisión sólo las ha solicitado en ocho casos. Supone, en consecuencia, un durísimo revés para la política de acoso y derribo contra el Grupo PRISA y pone en cuestión el intento de boicotear el lanzamiento de un servicio de televisión digital que no se ajusta al dictado que quiere un Gobierno en concreto, en este caso el de José María Aznar.

También es particularmente duro para el Gobierno la urgencia que supone el exiguo plazo que se le concede para presentar sus alegaciones, 15 días naturales desde que reciba la carta de emplazamiento. Si el Gobierno no contesta o lo hace de forma insatisfactoria, el Ejecutivo comunitario emitirá, sin necesidad de otros plazos, "dictamen motivado" y podrá pedir directamente al Tribunal de Luxemburgo la suspensión de la ley española en sus aspectos ilegales.

Cascos lo estropeó

La Comisión confía en que el Gobierno dé marcha atrás y dicte un decreto-ley invalidando su norma digital. En caso contrario, seguirá su proceso. "La carta [del ministro Arias-Salgado anunciando la voluntad de no aplicar los aspectos más polémicos de la ley] no es suficiente, porque cuando existe una ley, la declaración de intenciones de un Gobierno no vale, incluso si no hubiese sido desmentida por otro miembro de ese Gobierno", indicó con ironía Monti, refiriéndose a la afirmación del vicepresidente primero, Francisco Álvarez-Cascos, en el sentido de que la carta de Arias-Salgado no significaba que fuera a producirse rectificación alguna.Las declaraciones de Álvarez-Cascos estropearon los esfuerzos realizados por el comisario Marcelino Oreja, quien pugnaba por hallar indicios de arrepentimiento en su Gobierne, y utilizarlos para paralizar o al menos retrasar la apertura del procedimiento contra España. Oreja creía haberlos encontrado en las renuncias expresadas por Arias-Salgado en su carta del martes e hizo partícipe de ello a sus colegas. Pero fue en vano. Las comisarios Martin Bangemann, Karel van Miert, Manuel Marín e Yves Thibault de Silguy intervinieron ayer en la reunión del Colegio de Comisarios, para constatar, como Mario Monti, que las leyes no se modifican por carta y que la urgencia es necesaria en este caso para proteger los derechos de los afectados por la ley de Aznar. Al final, todos decidieron por consenso abrir el procedimiento.

Las causas del mismo son la violación de la libertad de circulación de mercancías (artículo 30 del Tratado) y de la libre prestación de servicios (artículo 59), así como de varias directivas comunitarias. Monti se disponía anoche a firmar la carta de emplazamiento y enviarla al Gobierno, tras reducir un poco la extensión del borrador de 21 páginas que estaba preparado.

El Gobierno, prudente

Poco después de que se hiciera pública la decisión de la Comisión, el ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, aseguró en los pasillos del Congreso que confía en que el conflicto "se resuelva positivamente de acuerdo con el derecho comunitario".El ministro suspendió otras comparecencias públicas que tenía previstas, como la presentación del libro Derecho de las Telecomunicaciones. Su departamento difundió una nota en la que aseveraba que abrir un procedimiento de infracción no es infrecuente y que Fomento se encontró con dos procedimientos de infracción abiertos al Gobierno socialista, los de Airtel y Cablevisión, y los dos "se resolvieron adecuadamente". Una sorprendente mención, por cuanto el Ejecutivo no resolvió el problema de Cablevisión: lo hicieron las empresas afectadas, Canal + y Telefónica.

Por su parte, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, declinó pronunciarse. La portavoz de Telecomunicaciones del PP, Ana Mato, valoró el expediente de infracción comunitario simplemente como "un procedimiento informativo".