El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba el plan de desmantelamiento de Vandellòs I

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha introducido diversas modificaciones en el proyecto de desmantelamiento de la central nuclear Vandellós 1 (Tarragona), presentado por la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), con el objetivo de tener un mayor poder de control y decisión sobre los trabajos que se realizarán en la planta. El pleno del CSN aprobó ayer el plan de clausura tras más de dos años de estudios, aunque todavía no ha decidido si nombrará un inspector técnico residente, figura encargada defiscalizar la seguridad y la aplicación del plan.

La central Vandellòs I, la única española de tecnología grafitogas, permanece parada desde el mes de noviembre de 1989 a causa del accidente que sufrió al producirse un incendio. El Gobierno ordenó su clausura en mayo de 1990.Un portavoz del CSN calificó ayer el proyecto de Enresa de "muy aceptable. y aquilatado", aunque señaló que es necesario introducir algunas modificaciones, sobre todo en cuanto a protección radiológica y gestión de los residuos, tanto de alta como de baja actividad.

En este sentido, el organismo exigirá a Enresa que revise. los estudios radiológicos a los seis meses de iniciar el desmantelamiento, ya que el mapa radiológico presentado no incluye todas las dependencias de la planta. Los estudios evalúan las dosis de radiación que se van a encontrar los técnicos y operarios en las diversas instalaciones. El CSN también ha solicitado un incremento de las medidas contra incendios.

Sin embargo, el organismo estatal quiere tener un mayor protagonismo en todo el proceso de desmantelamiento de Vandellòs I y para ello se ha asegurado la facultad de dictar instrucciones complementarias paralelamente a la clausura de la central.

Presencia del CSN

La presencia del CSN en una planta atómica en funcionamiento se efectúa mediante el llamado inspector técnico residente. En el caso de Vandellòs I, el consejo todavía ha de decidir si creará esta figura.

Un portavoz del CSN aseguró que Vandellòs I seguirá los mismos controles que rigen en el resto de las centrales en funcionamiento, como inspecciones periódicas de técnicos o la presentación de informes sobre la evolución de todos los trabajos de clausura.

Una vez autorizado el plan de clausura por el Consejo de Seguridad Nuclear, el informe deberá remitirse al Ministerio de Medio Ambiente para la evaluación del impacto medioambiental. Posteriormente, corresponderá al Ministerio de Industria la aprobación definitiva del proyecto.

El desmantelamiento de la central lleva ya casi un año de retraso debido a los trámites burocráticos y al acondicionamiento técnico de la planta por parte de Hifrensa, la empresa propietaria. Enresa anunció que en 1996 se haría cargo de Vandellòs I, después lo retrasó a principios del pasado mes de abril y ayer un portavoz de la empresa indicó que será a finales de septiembre.

Enresa ha optado por desmontar la central en dos fases. La primera se prolongará durante cuatro años y abarcará la retirada de todas las estructuras, equipamientos y componentes de la central, tanto radiactivos como convencionales, a excepción del cajón del reactor y los sistemas de seguridad. A partir de entonces, la central permanecerá confinada durante un periodo no menor a 25 años.

Transcurrido este tiempo, denominado de latencia, la actividad radiactiva de los materiales del reactor habrá disminuido un 70%. Enresa confía en que los avances tecnológicos permitan desmantelar entonces el cajón del reactor de forma más económica y segura. En esta tercera fase se liberará completamente el emplazamiento que ahora ocupa la central para destinarlo a otros usos.

Los costes de demolición total de la planta se cifran en más de 45.000 millones de pesetas, 10.000 para la primera fase y el resto para el desmantelamiento del reactor, lo más complicado tecnológicamente.

El total de residuos que se generarán en la segunda fase será de 150.000 metros cúbicos, de los cuales unos 2.000 corresponderán a residuos de baja y media actividad que serán depositados en el cementerio de El Cabril. El estudio de impacto ambiental prevé que se generarán entre 400 y 500 contenedores de residuos.