Las principales TV privadas de Europa piden a Bruselas que actúe contra la ley digital española

La ley española de televisión digital se ha convertido en casus belli para el sector audiovisual de la Unión Europea. Veintitrés empresas privadas, agrupadas en la Asociación de Televisiones Comerciales (ACT), han presentado una queja formal a la Comisión por la aprobación en España de una ley que "rompe con el consenso alcanzado durante la elaboración de la directiva sobre televisión digital", y perjudica "tanto a los operadores como a los consumidores". Estas razones avalan su solicitud de que las instituciones europeas "tomen todas las medidas necesarias para poner fin a esta situación".

La iniciativa, sin precedente en la historia de la televisión privada en Europa, tiene un claro significado: la inmensa mayoría del sector respalda en Bruselas a la empresa Sogecable ante el ataque de que ha sido objeto a través de una legislación impuesta en España por el procedimiento de urgencia.La postura no es contundente sólo por su contenido, sino por la amplitud e importancia de las empresas involucradas, entre ellas el grupo más grande de la Unión, que es CLT/UFA, una asociación del poderoso grupo luxemburgués CLT -que gestiona una decena de cadenas europeas- con el grupo alemán Bertelsmann. También está su competidor, el Grupo Kirch, a través de cadenas como SATI y PRO7. Otros miembros de la asociación son Mediaset, el grupo italiano controlado por Silvio Berlusconi, y el británico BskyB, cuyo accionista principal es Rupert Murdoch, sin que ello sea óbice para que también aparezca la cadena independiente británica ITV. Las españolas Tele 5 y Antena 3, miembros también de la asociación, han respaldado igualmente a Sogecable.

La televisión privada europea, tanto la que se difunde en abierto como a través del cable o del satélite, no cree que una intervención gubernamental directa en el lanzamiento de las plataformas digitales deba pasarse por alto. Antes al contrario; puesto que el intervencionismo [en este caso, el del Gobierno de Aznar] se hace en nombre de la coherencia con Europa, las televisiones europeas, después de examinar la ley española, han llegado a la conclusión de que impide al mercado que escoja cuál de los sistemas de acceso a los canales codificados prefiere, dando prioridad legal a una tecnología específica; y obliga a los operadores a obtener autorización previa para usarla, todo lo cual choca frontalmente contra las reglas del mercado único europeo.

Esta es la razón por la que la Asociación de la Televisión Comercial requiere a la Comisión a que tome "todas las medidas necesarias" para detener los daños que está provocando esta situación, cuyo carácter de precedente para toda Europa "podría perjudicar el desarrollo de este prometedor mercado en términos de empleo y de competitividad económica".

Acuerdo unánime

La asociación dedicó la reunión anual de su Consejo, celebrada en Cannes el pasado día 12, a la situación que se ha planteado en España, que era el principal punto del orden del día. El debate desembocó en un respaldo unánime a la empresa española afectada y la adopción de un acuerdo, igualmente unánime, para dar cuenta a las instituciones europeas de la postura común.

Nada de lo ocurrido en España en los últimos meses casa con los principios defendidos tradicionalmente por dicha asociación, que giran en torno a garantizar la libertad de empresa y la libertad de expresión, así como el no intervencionismo de los Gobiernos y el arreglo negociado de los eventuales conflictos.

El acuerdo de la ACT se materializó en la carta que su presidente, el alemán Jan Mojto, envió el pasado día 22 al comisario de Telecomunicaciones, Martin Bangemann, con copia a otros miembros de la Comisión cuyas competencias tienen que ver con los temas señalados.