Fomento no convence a la Comisión de que su ley digital es plenamente europea

El Ministerio de Fomento no ha logrado convencer a la Comisión Europea de que la ley española de televisión digital, recién aprobada en el Congreso, se ajusta a la normativa comunitaria. Las gestiones del secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar Uribarri, resultaron infructuosas. El Ejecutivo comunitario está considerando ya la posible apertura de un procedimiento de infracción contra España.

Villar Uribarri se entrevistó con el titular de la Dirección General XIII (Telecomunicaciones), Robert Verrue; con el jefe de gabinete del comisario Martin Bangemann, Paul Weisenberg; y con el director general del Servicio Jurídico, Jean-Louis Dewost. Sus gestiones para convencerles de la legalidad de la norma española resultaron infructuosas, según fuentes comunitarias. Villar se encontró con unos interlocutores diplomáticamente escocidos, que conocían sus argumentos, porque la Secretaría General de Comunicaciones dio el miércoles publicidad a la carta enviada el día anterior por el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, a Bangemann, en la que figuraba el repertorio de temas para la defensa del Gobierno. Y también había filtrado a algún medio su carta del 9 de abril."Las medidas técnicas nacionales de carácter específico adoptadas desbordan completamente la directiva comunitaria [la 47/95]" que pretendía trasponer España, sigue opinando un experto de la Comisión, como ya advirtió Bangemann a Arias Salgado. Es decir, el ejecutivo no avala el intento español de condicionar la viabilidad de un descodificador, el utilizado por Canal Satélite Digital, a que esta empresa consiga un acuerdo con su competidora.

Además, el ejecutivo comunitario está "considerando ya la apertura de un procedimiento de infracción contra España", por ausencia de notificación previa de esas medidas a la Comisión, añadieron dichas fuentes. Ocurre que otra directiva, la 83/189, sobre normas técnicas, obliga a todo Gobierno de la UE a notificar a Bruselas la incorporación a la norma interna de una medida añadida a las que prevea una directiva que se pretenda trasponer (incorporar) al derecho interno. Por normas técnicas se entienden en ese texto tanto las tecnológicas como las administrativas.

La ausencia de notificación -con una antelación de tres meses- convierte esas medidas en inaplicables. Y en caso de publicarse, la ley interna es atacable ante los tribunales.