Acusación sin base

QUEDAN YA pocas dudas, incluso para los más despistados, de que las acusaciones lanzadas por distinguidos representantes del Gobierno contra la Administración tributaria anterior por una supuesta amnistía fiscal para sus amiguetes carecen de base y constituyen un atropello político. De la documentación conocida públicamente se desprenden abundantes casos de desidia administrativa, que incluyen expedientes de inspección con tres y hasta cuatro años de tramitación, lo que prueba una caótica gestión de la inspección fiscal. Esa desidia es imputable sin duda a un déficit de gestión en el área tributaría, común a los Gobiernos anteriores y al actual. Pero hasta hoy no se ha aportado prueba alguna de la acusación inicial de trato de favor. La documentación aportada revela que cuando empezaron a ser firmes las sentencias judiciales que ponían en cuestión la doctrina de Hacienda sobre los plazos de inspección y liquidación se aceleraron los periodos de tramitación.Lo que empezó con una dramática acusación de fraude o prevaricación, jaleada día sí y otro también por políticos demagogos y columnistas adictos al Gobierno, se está convirtiendo en una comedia bufa ante la incapacidad de la Secretaría de Estado de Hacienda para facilitar hasta ahora la información pertinente que confirme no ya la supuesta amnistía fiscal, que el propio secretario de Estado, Juan Costa, ha desmentido a regañadientes, sino siquiera el hecho de que los famosos 600 expedientes, con una deuda tributaria de 200.000 millones, hayan prescrito según la ley.

La comisión que investiga los expedientes presuntamente conducidos a la prescripción ha informado delicadamente al Gobierno de que falta el 80% de la información relevante para analizar las circunstancias judiciales de los casos supuestamente afectados. En el inicio, según Costa, eran 600 y después se convirtieron misteriosamente en 5.200. Igualmente, el presidente de la comisión ha hecho saber que la documentación entregada contiene errores e inexactitudes evidentes. Incluso algunos de los expedientes parecen haberse perdido.

Para determinar si los expedientes han prescrito o no es necesario examinar la tramitación uno a uno. Cada día que pasa cobra mayor fuerza la hipótesis de que los responsables actuales de Hacienda interpretaron como prescritos aquellos expedientes con más de seis meses de interrupción en las tareas inspectoras, sin tener en cuenta que existen otras actuaciones -como, por ejemplo, la presentación de alegaciones por parte del contribuyente- que pueden dilatar el proceso.

También, poco a poco, empieza a dibujarse la sospecha de que Hacienda no ha comprobado uno a uno tales expedientes -algunos de los cuales tienen más de mil follos-, por lo cual resulta razonable suponer que muchos ni siquiera han prescrito. El Gobierno tiene hasta mañana para presentar la información suplementaria requerida por la comisión; si no se disipan las incertidumbres habría que concluir que el Gobierno actuó no solamente con impertinencia y abuso al acusar de un fraude político a sus antecesores, sino que su profesionalidad es harto discutible.

El caso de las actas amnistiadas quedaría simplemente en el ridículo para los acusadores y en un vodevil más o menos divertido para la opinión pública si no fuera porque se echa encima la campana sobre la renta mientras la Administración tributaria consume tiempo y recursos en buscar y confirmar expedientes prescritos. Gracias a la exquisita habilidad de Aznar, Rato y Costa, los contribuyentes van a calcular y elaborar sus declaraciones en el mejor de los climas posibles: con los inspectores tributarlos desprestigiados por una acusación poco meditada, la capacidad gestora de la Administración cuestionada y la mancha persistentemente extendida del fraude fiscal consentido desde las propias instituciones. No parece el mejor estímulo para presentar una declaración correcta y exacta.