¿Apoyan todos el mismo pacto?

El Gobierno y la oposición, la CEAPA y la CONCAPA (asociaciones de padres laicos y católicos, respectivamente), los sindicatos y las patronales dicen que es necesario un acuerdo educativo que perdure en la alternancia de gobiernos. Su consecución depende de que las organizaciones sociales reflexionen sobre los puntos de interés común. Para eso puede ser útil mirar el problema con una cierta distancia, como se hace con un cuadro. El Libro Blanco de 1969, previo a la Ley General de Educación, describía la coexistencia de dos sistemas educativos: "Uno para las familias de categoría socieconómica media y alta (los centros privados), y otro para los sectores sociales menos favorecidos (los centros estatales)". Era un problema a superar.La Ley General de Educación (1970) dio los primeros pasos. El cambio más decisivo fue el artículo 27 de la Constitución y lo que de él se ha derivado, sin olvidar los Pactos de la Moncloa, que conllevaron la construcción de muchos centros públicos. También es importante la normativa de admisión de alumnos, prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que con tiene los mismos criterios para los centros concertados y los públicos. Debieran mejorarse su cumplimiento y no flexibilizarse, como ahora pretende el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El ministro socialista José María Maravall aplacó la guerra escolar con los conciertos. Rechazó las críticas que hicimos algunos sectores progresistas y las mayores exigencias del sector privado diciendo que los conciertos no se derivaban de la Constitución o de los acuerdos internacionales,' sino de la voluntad del Gobierno de integrar los centros privados que lo deseasen en la oferta educativa que el Estado debe garantizar. La CONCAPA no lo valoró entonces y llamó a movilízaciones en defensa de una enseñanza privada elitista. Ahora, con otra dirección más inteligente, pide un pacto, apostando por la política educativa conservadora.

El Gobierno debería adoptar una posición equidistante. No es ésa la imagen que ofrece la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, cuando asume como buena para todos los ciudadanos la tesis de someter los centros a la ley de la oferta y de la demanda, que su director general de Centros, Francisco López Rupérez, reitera en libros y ponencias. Tesis que se enfrenta a la que defiende un sistema educativo compensador, con más recursos para quienes más lo necesiten. ¿Comparten esa idea mercantilista las familias que viven en las zonas rurales o en los barrios donde la posibilidad de elegir es más teórica que real? Ese modelo quitará recursos a los centros públicos, que contribuyen a la integración y a la atención de las minorías.

Dio una imagen más flexible Juan Carlos Guerra Zunzunegui, portavoz del PP en la Comisión de Educación del Congreso, cuando, en unas jornadas de la Confederación de STE, respondió afirmativamente a la conveniencia de evitar que se trasvase dinero público a los centros de los barrios acomodados en detrimento de la mayoría.

El Gobierno debe decidir si, como opción democrática, dedica los recursos necesarios para que todos puedan aprovechar las posibilidades del presente o si mira al pasado reforzando una doble red encubierta. Debiera escuchar a la opinión pública que le exige el incremento del presupuesto educativo, imprescindible para la correcta aplicación de la reforma y para la culminación de un proceso de transferencias compensador de desequilibrios.