Canal Satélite Digital denuncia al Gobierno de Aznar ante la Comisión Europea

Canal Satélite Digital interpuso ayer una denuncia ante la Comisión Europea contra los decretos del Gobierno de Aznar sobre televisión digital. La empresa considera que esas normas infringen el derecho comunitario; imputa al Gobierno favoritismo hacia el proyecto digital promovido por el Ejecutivo -e integrado en gran parte por empresas gestionadas desde el sector público- y pide a la Comisión Europea que "frene la aplicación" de los decretos.

, La solicitud de tutela al ejecutivo comunitario "es independiente de los posibles recursos ante los jueces españoles", indicó en Bruselas un portavoz de la empresa denunciante.El escrito presentado a la Dirección General de la Competencia sostiene que la normativa del Gobierno español ha vulnerado el artículo 90 del Tratado de la Unión. Este artículo prohíbe a los Gobiernos que favorezcan a las "empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos" con medidas que les faciliten el abuso de una posición de dominio. Medidas como: imponer precios de compra o venta; limitar el mercado o la tecnología en perjuicio de los consumidores; y aplicar "condiciones desiguales" a terceros contratantes.

Los reglamentos españoles tienden a "dificultar la entrada de Canal Satélite Digital en el mercado de la televisión digital por satélite en beneficio de otro operador", impulsado por el Gobierno, "y en el que participan empresas públicas y otras empresas que disponen de derechos exclusivos y especiales".

¿De qué derechos exclusivos se trata? Telefónica los ostenta en la telefonía móvil analógica y digital, en la telefonía básica y en la televisión por cable. Televisión Española (TVE) y algunas autonómicas son empresas públicas a las que se ha otorgado la gestión directa de servicios públicos, según recuerda la denuncia. Además, todas ellas han recibido fondos presupuestarios o parapresupuestarios que les han permitido entrar en el proyecto de plataforma digital alternativa, sin que ello esté justificado por la noción de servicio público".

La denuncia desgrana los obstáculos organizados por el Gobierno "con el fin de retrasar" las operaciones de Canal Satélite Digital: la autorización gubernativa de las tarifas; Su fijación a precio de coste; la obligación de depositar en una cuenta a nombre de la Administración; la garantía por la utilización de los descodificadores -"algo que no nos afecta porque nosotros no exigimos esas fianzas", insistió el portavoz de Canal Satélite-; la duplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); y la "exorbitante" indemnización al usuario (el duplo) en caso de interrupción del servicio, que "no rige para ningún contrato de suministro, como el eléctrico".

En consecuencia, Canal Satélite solicita a los servicios dependientes del comisario de la Competencia, Karel Van Miert, que intervengan para establecer la eventual vulneración del derecho comunitario de la competencia por el Estado español. La Dirección General de la Competencia (DG-4) ha empezado ya a estudiar el caso, "por sus resonantes características", incluso antes de que el Gobierno haya enviado la información completa a la Comisión Europea, según han señalado fuentes de la misma.