El PP inaugura en Alzira la "concesión administrativa" de hospitales

El pleno del Consell aprobó el pasado martes una modalidad de "gestión indirecta" para el hospital de Alzira, que dará cobertura sanitaria a los 230.000 habitantes de la comarca de La Ribera. La figura jurídica a la que recurrirá el Gobierno valenciano es la "concesión administrativa" por un periodo de 10 años, según explicó ayer el consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, quien dijo que nada tiene que ver ese sistema con la privatización, "pues en ningún momento la Generalitat perderá el control ni la tutela sobre la gestión".El pliego de condiciones para la adjudicación del concurso fija un plazo máximo de 18 meses para que la empresa contratada comience a prestar asistencia sanitaria especializada -hospitalaria y ambulatoria- a la comarca, lo que significa que el hospital no puede estar en funcionamiento más tarde del 1 de enero de 1999. Finalizado el plazo de la concesión, el hospital pasará a ser propiedad de la Administración, a quien el adjudicatario entregará el edificio, las instalaciones y el equipamiento. Las construcción del centro sanitario (de 23.000 metros cuadrados y 225 habitaciones individuales) correrá a cargo de la empresa adjudicataria, que deberá ceñirse al diseño realizado por la consejería de Sanidad.

Farnós reiteró que la asistencia será "totalmente gratuita" para el ciudadano, que dispondrá de un hospital de última generación, definido como "el más moderno de la Comunidad Valenciana". La consejería será responsable de garantizar la adecuada prestación sanitaria y la calidad asistencial, "que nunca será inferior a la que ofrecen los hospitales públicos", según Farnós. Para garantizar ese control, el Servei Valencà de Salut colocará un funcionario a sus órdenes dentro del hospital, que recibirá las quejas y reclamaciones de los clientes del hospital. De tal forma que, aunque la gestión estará en manos de una empresa privada, la consejería no pierde su capacidad sancionadora.

Según el consejero el hospital funcionará mañana, tarde y noche si es preciso "para que ni un solo paciente esté en lista de espera". El pliego establece que una de las funciones del inspector será solicitar la enumeración de los clientes pendientes de atención en cada especialidad. Sanidad pagará 34.000 pesetas al año por persona, tomando como referencia el censo poblacional de la comarca a partir del 1 de enero de 1999 (7.800 millones anuales, según la consejería, que cifra en 5.200 millones el coste de la construcción y 800 millones el equipamiento).